Por nueve meses, la ‘sombra’ del juicio político acompañó a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

Para los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la amenaza del juicio político fue una sombra que los acompañó durante los últimos nueve meses y será este viernes que se conocerá si son censurados y destituidos en sus funciones. Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo deberán comparecer ante el hemiciclo del Palacio Legislativo desde las 14:30 para exponer sus argumentos de defensa, frente a este proceso que inició por haber aprobado una moción para reformar el reglamento de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Fueron dos solicitudes de juicio político los que se presentaron en contra de los miembros del CPCCS a inicios de febrero pasado.Uno lo plantearon, el 11 de febrero, los legisladores Mireya Pazmiño y Ángel Maita, del ala rebelde del bloque de Pachakutik (PK), quienes enfocaron la interpelación en contra de los cuatro vocales acusándolos de una presunta arrogación de funciones por haber incluido en el orden del día de una sesión la “moción” del debate de la reforma al reglamento de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y por ausencia de transparencia en la designación del titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.Días después, el 17 de febrero, lo solicitaron Ricardo Vanegas y José Chimbo también de PK, pero en contra de los siete consejeros, es decir, se sumaron Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos. A todos por diferentes causales, como por la elección de Pablo Iglesias; la designación de César Córdova como defensor del Pueblo encargado; y, por la remoción de Fausto Murillo, como vocal del Consejo de la Judicatura.Este último proceso fue archivado, a través de una resolución que se aprobó con 84 votos de los legisladores a raíz de una moción de Pazmiño de este 15 de noviembre; pero, se dejó vivo el planteado por Pazmiño y Maita para interpelar solo a los cuatro consejeros.Esto, aunque no hay informe de sustanciación del juicio político o las posturas de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, pues no se remitió dicho documento en los plazos pertinentes, según consta en una argumentación legal de la presidencia de la Legislatura.La consejera Ibeth Estupiñán recuerda que la amenaza de enjuiciarla la seguía desde que respaldó con su voto a Sofía Almeida para que sea presidenta del CPCCS.“A mí me amenazaron con el juicio político desde el mismo momento en que voté por Sofía Almeida, si yo me apartaba de la mayoría, esas eran las consecuencias, esos eran los comentarios, pero nunca pensé que iban a actuar de esa manera”, lamentó.Esto se ahondó cuando “tomé la decisión de separarme de la mayoría de Almeida y yo sabía que iba a ocurrir este juicio político porque siempre fue una amenaza para chantajearme y para tenerme cautiva con mi votación en ese espacio”.Luego, su voto volvió a la mayoría en minoría cuando no apoyó la inclusión de una palabra en el reglamento para la designación mediante ternas del Ejecutivo del titular de la Superintendente de Compañías y, finalmente el juicio político se concretó el 9 de febrero del 2022 cuando se conformó la nueva mayoría de Ulloa, Rivadeneira, Bravo y a la que se sumó Estupiñán y que removió a Almeida de la presidencia y a Rosero de la Vicepresidencia.No obstante, días antes, el 7 de febrero, Pazmiño y Maita empezaron con el trámite en la Asamblea Nacional para enjuiciar a los cuatro consejeros y el 11 de febrero se formalizó con el ingreso de memorándums.Tuvieron 70 firmas respaldando este juicio de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), del correísmo Unión por la Esperanza (UNES) y algunos de PK. Al contrario de la propuesta de Vanegas y Chimbo que contó con 35 firmas de respaldo, según consta en los documentos de la Comisión de Fiscalización.De forma paralela, la fiscalización a estos consejeros era continua en la Comisión de Participación Ciudadana de mayoría de UNES y el PSC.Estupiñán recuerda que en ese espacio se enteró por la interpelación que le hacía la asambleísta Nathalie Viteri (PSC) de que tenía prohibición de salida del país por pedido de su expareja. “Ahí me revictimizaron”, dijo la consejera.Mientras los cuatro consejeros avanzaban en la conformación de la comisión ciudadana para la elección del nuevo contralor del Estado, el trámite de estos juicios políticos no avanzó porque había otros en cola: el planteado por UNES a cuatro vocales del Consejo de la Judicatura (CJ); el de UNES en contra del exprocurador del Estado, Íñigo Salvador; el de PK en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).El asambleísta Ferdinan Álvarez (UNES) ofrecí retirar el proceso en contra de Salvador, para que se califique el de los cuatro vocales del CPCCS. A ello se sumó, que la bancada invitaba a Pachakutik para que retiren el enjuiciamiento a los miembros del CNE, que está suspendido porque están en periodo electoral por las elecciones seccionales y del CPCCS del 5 de febrero del 2023.El juicio político al contralor subrogante Carlos Riofrío planteado por Ronny Aleaga de UNES se archivó; al igual que el de Salvador.La bancada correísta habría intentado proponer un proyecto de moción para que el pleno disponga a la Comisión de Fiscalización modificar el cronograma de los juicios políticos para declarar la interpelación a los vocales del CPCCS como de “prioridad”.En todo caso, la interpelación a los vocales del Consejo de la Judicatura fue el último proceso que se tramitó y aunque fue archivado en el pleno, resta que se vote por un pedido de reconsideración de la votación.Con ello, el 21 de octubre, la Comisión de Fiscalización arrancó la etapa de comparecencias para la presentación de pruebas de cargo y descargo y este 18 de noviembre, los cuatro consejeros van al pleno.Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán creen que detrás de esto, el objetivo es recomponer la mayoría de Almeida, Rosero y Dávalos con los consejeros suplentes que asuman para controlar la elección de un nuevo contralor.Para Estupiñán “esa es la cereza del pastel”, pues en la Contraloría reposan los exámenes especiales de quienes han representado a partidos y movimientos políticos en el Gobierno nacional y los gobiernos locales.“Yo voy a comparecer en rebeldía, porque es un proceso ilegal en el que no hay informe”, indicó Estupiñán, quien esperará la resolución del pleno para analizar las acciones legales futuras que emprenderá.Con ella coinciden sus colegas, como Rivadeneira quien puntualizó: “¿con qué se nos va a censurar? No hay informe de la Comisión de Fiscalización, no existe un informe de posiciones, ¿con qué se nos va a acusar: con la conveniencia de ciertos partidos políticos o solo con la orden de sus jefes de bancadas?”.Ulloa anotó que este juicio avanzó de forma “sesgada” hacia ellos, por preparar el concurso de elección del contralor. “No existe un objetivo político. Se argumenta que hicimos una moción para reformar el reglamento, pero la ley permite a los consejeros plantear mociones ante el pleno. Yo exhorto a la Asamblea a que actúe de forma motivada y transparente”, manifestó.Con las autoridades enfocadas en esta interpelación política, se conoció que al interior del CPCCS había nerviosismo en los funcionarios, que en algunos casos tienen listas sus renuncias, pues ya conocen que la nueva mayoría que entrará a gobernar traerá sorpresas y también revanchas.El 13 de junio del 2019 se instaló el primer pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) electo por voto popular y lo integraron María Rosa Chalá Alencastro, José Carlos Tuárez Zambrano, Sofía Ivette Almeida Fuentes, María Fernanda Rivadeneira Cuzco, Walter Javier Gómez Ronquillo, Victoria Tatiana Desintonio Malavé y Christian Antonio Cruz Larrea.Como consejeros suplentes estaban: Ibeth Estupiñán, Mariuxi Moreira, Karina Ponce, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Hernán Ulloa y Francisco Bravo.El primer presidente electo fue Tuárez, quien el 14 de agosto del 2019 fue censurado y destituido junto a Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio. En su lugar se principalizaron los consejeros suplentes Ibeth Estupiñán, Juan Dávalos, David Rosero y Francisco Bravo.El 20 de agosto, Christian Cruz y Sofía Almeida asumieron como presidente y vicepresidenta, respectivamente.Meses después, el 14 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Christian Cruz Larrea, también por un juicio político.Lo sucedió Sofía Almeida y el 13 de junio del 2021 fue reelecta, junto a Rosero como vicepresidente.El 9 de febrero del 2022, una nueva mayoría con Ulloa, Bravo, Estupiñán y Rivadeneira removió a Almeida de la presidencia y a Rosero de la vicepresidencia.En la coyuntura, Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán enfrentan este juicio político que podría declinar en su censura y destitución, para lo que se requiere 70 votos del pleno del Parlamento.Ellos serían reemplazados por Mónica Moreira y Karina Ponce, que fueron posesionadas en el 2019; y, por Carlos Figueroa y Jaime Chugchilán, que obtuvieron la más alta votación en los comicios del 2019, de acuerdo con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). (I)

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