Plazos de reforma constitucional sobre bases militares extranjeras en el país son afectados por campaña electoral

La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Daniel Noboa para el establecimiento de las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano enfrenta dificultades en la Asamblea Nacional en cuanto a los plazos establecidos en la norma para que el texto pueda ser sometido a referéndum en la segunda vuelta electoral presidencial.La comisión ocasional de siete asambleístas que analizará el tema, y que preside la correísta Gissela Garzón, aún no tiene fecha de la primera reunión de trabajo para conocer la propuesta y definir la hoja de ruta del trámite de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución.Lo que hizo Garzón, por ahora, es solicitar a los comisionados que envíen sus aportes sobre comparecientes para armar el cronograma que se debe aprobar en la siguiente sesión.El artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina el procedimiento y los plazos para presentar el informe de primer debate y señala que la comisión ocasional dentro del plazo máximo de 60 días, contados a partir del inicio del tratamiento del proyecto, presentará a la presidencia de la Asamblea Nacional un informe.Dentro de ese plazo se debe considerar uno no menor de quince días para la socialización y que los ciudadanos puedan acudir a exponer sus argumentos, pero la comisión podrá emitir su informe para primer debate en un plazo no menor a los 30 días. La propuesta de reforma constitucional de Noboa pretende eliminar del artículo 5 de la Constitución la siguiente frase: “No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.Con ello, el primer mandatario plantea que en el texto del artículo 5 conste únicamente la siguiente frase: “El Ecuador es un territorio de paz”. Gissela Garzón adelantó que espera tener claridad respecto a lo que sucederá en enero próximo, cuando seis de los siete legisladores de la comisión deberán pedir licencia en la Asamblea Nacional para poder hacer campaña electoral para su reelección. Añadió que se habla de que se adelantaría el receso legislativo en esas fechas. Esos tiempos se deberán tomar en cuenta en el calendario de actividades de la mesa ocasional, porque serían entre 15 y 30 días menos dentro del cronograma de trabajo, dijo.En el trámite de la reforma, Garzón señaló que se escucharán la posiciones de los diferentes ministerios que tengan relación con seguridad para conocer la planificación real alrededor de la necesidad de una base extranjera en el país, en cuánto tiempo, con qué objetivos y cómo será tangible para la gente la presencia de fuerzas militares extranjeras. También se llamará a expertos en la materia nacionales e internacionales. Los legisladores Jorge Peñafiel (Construye), Nataly Morillo (ADN) y Rafael Dávila (Avanza-SUMA) coinciden en que la comisión debe acelerar el trámite de la reforma constitucional. Esperan plantear a la mesa que el informe para primer debate sea en la primera quincena de diciembre próximo. Aún se desconoce la postura del PSC respecto al trámite de esta reforma, la legisladora Sofía Sánchez, su representante, no quiso dar declaraciones a la prensa.Peñafiel advirtió que, según el comportamiento de la presidenta de la mesa, lo que busca el correísmo es evitar que el gobierno de Daniel Noboa utilice esta reforma constitucional como campaña electoral o como un caballo de batalla, es decir, mantener este tema lo más alejado posible de la dinámica del Gobierno y del proceso electoral de febrero de 2025. El representante de Pichincha comentó que Construye considera que se debe mantener la austeridad en procesos electorales, por lo tanto, es obligación política de los asambleístas acelerar el trámite para que este documento llegue a las urnas en una segunda vuelta electoral y de esa forma ahorrar el costo de lo que significa el financiamiento del referéndum.“Lo que nosotros pensamos y queremos hacer es avanzar lo más rápido posible y presentar el informe, que sea la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien defina cuándo lo pone a consideración del pleno”, subrayó el representante de Construye. Nataly Morillo, de la bancada ADN, también dijo que la idea de la bancada de Gobierno es que el informe para primer debate sea presentado lo más pronto posible, pero lamentablemente para el oficialismo existe una desventaja numérica en la mesa ocasional, señaló. Rafael Dávila (Avanza-SUMA) indicó que la comisión ocasional aún no comienza su trabajo y, por lo tanto, aún nadie ha planteado en la mesa que se trabaje con intensidad para que la reforma parcial a la Constitución coincida con alguno de los procesos electorales de 2025.Dávila dijo que es pertinente que la Asamblea apueste por un ahorro de recursos económicos respecto a la reforma parcial a la Constitución y que sea sometida a votación popular en la segunda vuelta electoral. Pero en la comisión también hay asambleístas que pretenden boicotear y evitar que el referéndum sobre la presencia de bases militares extranjeras en el país sea parte de una campaña electoral. Mariana Yumbay, representante del movimiento Pachakutik en la Asamblea Nacional, manifestó que hay ejemplos claros sobre lo ocurrido en el país con una base militar extranjera en Manta, por eso será necesario analizar cuáles fueron los resultados, al igual que las siete bases militares instauradas en Colombia.Se tendrá que determinar que si con la presencia de esas bases se acabó el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada y, además, se tendrá que tomar en cuenta lo que dicta la Constitución de la República respecto a la soberanía del Estado ecuatoriano. “Todos esos elementos deberán generar un debate en la mesa ocasional y para ello se tendrá que escuchar a los distintos sectores, pues aquí no se trata de imponer nuestra posición, sino escuchar para fundamentar las posiciones”, dijo.Desde su punto de vista, dijo, el establecimiento de bases militares extranjeras en el país no contribuyó a exterminar el narcotráfico y la delincuencia organizada; al contrario, hay otros fines como intereses geopolíticos y geoeconómicos y eso se tendrá que escuchar en la comisión. (I)

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