La Pastoral por la Vida de la Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado público en el cual “repudia” el “Protocolo de acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género en la comunidad educativa”, emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El documento está en vigencia desde el pasado 27 de octubre, cuando se publicó en el Registro Oficial. Surgió a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional del 24 de noviembre de 2024 referida a una acción extraordinaria de protección relacionada con el caso de una menor, de 5 años, que fue discriminada en una escuela de Santa Elena por tener una identidad de género diferente a su sexo biológico.
Dicho protocolo plantea entre sus disposiciones que los centros educativos deben implementar medidas que “garanticen y respeten el uso del ‘nombre social’ de los niños, niñas y adolescentes”, así como “promover los baños como un espacio seguro y respetuoso ‘para todos’” y hasta “promover el uso del uniforme escolar de manera homogénea para todos los estudiantes”.
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En el comunicado, la Pastoral indicó que dicha normativa “atenta contra la familia, núcleo fundamental de la sociedad, ya que trastoca los derechos de los padres de familia a ofrecer a sus hijos una educación libre de ideologías y adoctrinamiento”.
Calificó a la Corte como “activista” y denunció que “somete a entidades públicas a que tergiversen y desvirtúen los valores familiares amparados en la Constitución del Ecuador”.
Asimismo, señaló que el protocolo genera “terribles amenazas” en el ámbito educativo ya que “tergiversa la terminología que protege la identidad de los menores de edad y su correcto desarrollo psicológico y emocional, censura la voz de los padres de familia sobre la aceptación o rechazo a este protocolo, impone sanciones para los alumnos que no utilicen el lenguaje tergiversado, y pone trampas en las campañas de sensibilización a los alumnos y se presta para el adoctrinamiento”.
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Por ello, la Pastoral exigió que el Ministerio de Educación deje sin efecto este protocolo y que se redacte uno nuevo incluyendo las opiniones de los padres de familia, y que el presidente Daniel Noboa tenga coherencia y haga respetar el compromiso con la vida que firmó en la campaña.
El ministerio ha dicho que elaboró ese reglamento acatando la sentencia de la Corte Constitucional y que se desarrolló “con enfoque técnico, pedagógico y humanista, sin promover ideologías de género ni agendas doctrinarias”. (I)




















