Varias organizaciones sociales han manifestado su preocupación por el nivel de conflictividad que vive el país derivado del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que el gobierno de Guillermo Lasso no logra desactivar.

Así, por ejemplo, desde la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER) se indicó que en estos últimos días “se han agitado las pasiones políticas y sociales”. “Se ha visto a diferentes agrupaciones, especialmente indígenas, pero no exclusivamente de ellas, reclamar por una serie de demandas que el Gobierno debe escuchar y de las que puede dar soluciones. Sin embargo, no podemos dejar de condenar la manera en que se viene exigiendo la atención a los requerimientos, que por más justos que sean, no pueden convertirse en la excusa para alterar el orden y aislar dentro del territorio nacional a los ecuatorianos”.

Y pidió a ambos sectores conciliar. “El Gobierno ejecutivo ha dado señales con las últimas medidas para llegar a consensos, hace falta que los grupos sociales pongan su parte. Conversen con todas las cartas sobre la mesa, sin sesgo, transmitiendo de lado y lado sus justas aspiraciones, dentro de la realidad económica del país, sin esperar que cada una de ellas se cumplan al pie de la letra como condición para cesar hostilidades. Para ello, AER ofrece su contingente como vehículo de diálogo y solución”, señaló en un comunicado.

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En tanto que el colectivo Diálogos Sociales: Pacto social por el Ecuador, que aglutina a más de una docena de oenegés, planteó que se cree “una comisión mediadora con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que han venido impulsando el diálogo, organismos internacionales, los Gobiernos autónomos descentralizados, gremios y colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, iglesias y academia”.

“La condición esencial para el diálogo es la voluntad política de las partes sin condicionamiento alguno que no sea otro para actuar en democracia y la resolución eficaz de los conflictos, precautelar la vida de las personas y la convivencia pacífica. Es el momento para un diálogo auténtico, es decir, conducido por personas e instituciones con indiscutible credibilidad y experiencia, voceros y voceras calificados, que guíen un plan de trabajo consensuado, con reglas de juego claras, recursos comprometidos, mecanismos de seguimiento y monitoreo. Vamos a un diálogo serio, edificante y en el que nos sintamos ganadores todos los ecuatorianos y ecuatorianas”, indicó el grupo.

También la Corporación Participación Ciudadana invitó a los actores sociales y al Gobierno a dialogar de forma urgente “con miras a buscar juntos una solución pacífica a las movilizaciones, en el marco del respeto a los derechos humanos, en beneficio del país y los ciudadanos.

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“La paralización del país afecta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas por lo que instamos a encontrar, de manera urgente, formas democráticas de cohabitación de posturas diversas a fin de dar respuestas que viabilicen una solución adecuada en beneficio del país y eviten una confrontación interna”, señaló también en un comunicado.

“Expresamos nuestro rechazo a cualquier acto de violencia y vandalismo, venga de donde venga. A la vez que exhortamos a que las movilizaciones se produzcan en el marco del respeto al otro y a la Ley”, indicó la oenegé.

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En casi una semana de paro se han dado bloqueos de vías y enfrentamientos entre manifestantes y Policía en las provincias de la Sierra y Amazonía, así como hechos de violencia en algunas ciudades de la Costa.

La Conaie tiene un pliego de diez demandas que, según sus dirigentes, no ha sido atendido.

El régimen decretó un estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, y anunció una serie de compensaciones sociales como el incremento del Bono de Desarrollo Humano, el subsidio a la úrea para los campesinos y el aumento del presupuesto para la educación intercultural bilingüe, aunque la Conaie considera que no son suficientes. (I)