En contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas Santi, se han presentado al menos ocho denuncias en la justicia ecuatoriana, por diferentes delitos. Las acciones van desde 2016 hasta este 2025.
Actualmente, el titular de la organización indígena, quien el pasado 18 de septiembre llamó al paro nacional en contra de la eliminación del subsidio al diésel, enfrenta denuncias por presunto terrorismo y paralización de servicio público, que se presentaron en su contra tras el inicio de las protestas.
El pasado 29 de septiembre de 2025, Vargas fue denunciado por presunto terrorismo. La acción la presentó el ciudadano Manuel de Jesús Peñafiel, en Riobamba, provincia de Chimborazo.
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En cambio, el pasado 3 de octubre, una nueva denuncia se presentó contra el presidente de la Conaie por supuesta paralización de un servicio público, en Imbabura. La acción la impulsó Sebastián Alberto Jaramillo.
A esto se suma la alerta que levantó la Conaie por una investigación de ofició que abrió la Fiscalía General del Estado contra Marlon Vargas y más de 50 dirigentes sociales por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, en el marco del paro nacional de este 2025.
En tanto que, el 6 de octubre, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó ante la Fiscalía un acto urgente para que investigue las “graves amenazas emitidas por Marlon Vargas de tomarse Quito en el marco del paro nacional”.
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Por estas mismas declaraciones, el mismo 6 de octubre, Ramiro Rivera, exasambleísta de la extinta Democracia Popular, denunció a Marlon Vargas por instigación pública y asociación ilícita.
Sobre esto, Marlon Vargas explicó, a través de su cuenta en la red social X, que su lucha “no es contra las ciudades, sino contra años de abandono, pobreza y desigualdad”.
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“No queremos más desaparecidos ni asesinados por exigir dignidad. Pedimos la derogatoria del Decreto 126 y el regreso al 12 % del IVA. Luchamos por la vida, la justicia y la paz, no por la violencia”, escribió.
Además de estas denuncias, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas ha enfrentado otras acciones judiciales.
En noviembre de 2016, el ciudadano Diego José Torres lo denunció por incitación a la discordia entre ciudadanos, en Morona Santiago. En diciembre de mismo año, la misma persona denunció a Vargas por ataque o resistencia.
Cinco años después, en noviembre de 2021, Marlon Vargas fue denunciado por estafa por el ciudadano Franclin Samuel Novillo, en Pastaza.
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En el paro nacional de junio de 2022, el dirigente indígena también fue denunciado por paralización de un servicio público. La acción judicial fue presentada por Martín Sigifredo Zaruma, en Pastaza.
Un año después, en septiembre de 2023, la ciudadana Fany Castro ingresó una denuncia contra Vargas Santi por el delito de acceso no consentido a un sistema informático, en la provincia de Pichincha, como sospechoso no reconocido; mientras que en esa misma fecha, la Fiscalía denunció a Vargas por presunto robo, en calidad de sospechoso no reconocido.
Asimismo, en el sistema judicial, Marlon Vargas registra una demanda de alimentos, que la presentó la ciudadana Teresa Esthela Illanes, pero que fue archivada.
En este marco, el paro nacional de la Conaie ya cumple dieciséis días de protestas, que han tenido como epicentro la provincia de Imbabura, que han dejado un comunero muerto y decenas de manifestantes, policías y militares heridos. (I)
