A partir del 19 de julio en la Comisión de Fiscalización empezarán las comparecencias dentro del trámite para el juicio político contra el ex subcontralor general Pablo Celi. Este 6 de julio, los nueve integrantes de la mesa aprobaron por unanimidad el calendario propuesto por el asambleísta Juan Lloret (UNES).

De acuerdo con el cronograma, alrededor de 60 personas serán convocadas para participar en el proceso político. Las intervenciones están programadas hasta el 27 de julio.

Entre lo más destacado de la planificación resalta que para el primer día se tienen previstas las intervenciones de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Para el 21 de julio serán llamados el excontralor (s) Pablo Celi -procesado por el caso Las Torres-, el excontralor Carlos Pólit -prófugo en los Estados Unidos-, Esteban Celi De la Torre (hermano del exsubcontralor), la exsubcontralora Valentina Zárate, el exfuncionario de Petroecuador Raúl De la Torre.

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, también comparecerá este día, así como el representante legal de la empresa HDC Producciones.

Otra fecha importante será el 23 de julio, ya que se prevé la participación de los dos ex fiscales generales del Estado Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno, además del exgerente de Petroecuador Pablo Flores.

También se espera que la Comisión reciba el 25 de julio al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli y al exgerente de Petroecuador Álex Bravo -sentenciados por actos de corrupción en la petrolera estatal-. Para esa misma jornada, se convocará al apoderado de la empresa China CAMC.

El 26 de julio se programó la intervención de los representantes de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y de la operadora Conecel-Claro. La última fecha del cronograma, el 27 de julio, se prevé cerrar con los suscriptores del informe que evaluó el incendio que sufrió el edificio de la Contraloría en octubre del 2019.

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En la sesión de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta Soledad Diab (PSC) calificó que el juicio contra Celi “tiene un carácter histórico”. Añadió que es obligación de los legisladores emplear todos los mecanismos necesarios para esclarecer los presuntos actos irregulares del excontralor.

El legislador Comps Córdova (UNES) expresó que, luego de cumplir todos los procedimientos del caso, se espera que Celi “rinda cuentas al país de todas las cosas que han pasado”.

La Comisión aprobó por unanimidad aceptar como pruebas de oficio la información solicitada por los legisladores Soledad Diab, Bruno Segovia y por el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio. Ellos requirieron información a varias entidades del Estado como la Contraloría, Petroecuador, Fiscalía y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otras.

El juicio político contra el excontralor fue calificado por Fiscalización el pasado 30 de junio por seis supuestos incumplimientos de funciones relacionados con delincuencia organizada, arrogación de funciones, interferencia en el proceso electoral y extralimitación de funciones.

El pasado 5 de julio Celi presentó su renuncia irrevocable a sus funciones como contralor subrogante. (I)