Desde el 9 de junio, el abogado Oswaldo Trujillo Santillán tendrá que presentarse cada quince días ante una autoridad competente, luego que una jueza revocó la orden de prisión preventiva que cumplía en el marco de la investigación por el delito de presunta tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de la fuerza pública, que sigue la Fiscalía General en su contra.
Oswaldo Trujillo era abogado defensor de Sebastián B. A., hijo de la exvicepresidenta de la República Verónica Abad Rojas, en el llamado caso Nene, en el que se indaga un presunto tráfico de influencias.
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El abogado fue detenido durante un allanamiento del 16 de enero de 2025, dentro de una investigación previa en el caso Fachada, relacionado con posibles infracciones por delincuencia organizada, tráfico de influencias y otros que involucran a tres jueces anticorrupción y tres abogados en libre ejercicio.
En contra de Oswaldo Trujillo se dictó orden de prisión preventiva al encontrarse armas en su domicilio y se le formularon cargos por la sospecha de tenencia y porte no autorizado de armas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
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En febrero pasado fue trasladado a la cárcel La Roca, en Guayaquil, hasta que el 29 de mayo, la jueza de la Unidad Judicial Penal de Quito María Elena Lara revocó la orden de prisión preventiva.
“Esta autoridad acepta y revoca la orden de prisión preventiva, sustituyéndole por las medidas cautelares (...), prohibición de salida del país y deberá presentarse de forma periódica cada quince días ante el fiscal que está llevando la instrucción”, manifestó en su resolución.
La primera presentación la fijó para el 9 de junio próximo y giró la boleta de excarcelación.
La decisión se sostuvo en nuevos elementos planteados por la defensa técnica del procesado, María del Mar Gallegos, que mostró en audiencia que las armas encontradas contarían con los permisos respectivos para su uso, al igual que su defendido habría tenido los documentos que lo habilitarían para usarlas.
El agente fiscal a cargo no se opuso a que la medida sea sustituida.
La causa de este proceso en contra de Trujillo tiene origen en otra investigación que se abrió por la sospecha del delito de oferta de tráfico de influencias, a raíz de una alerta anónima.
Esta alerta que llegó a la Fiscalía informó que Trujillo y otros dos abogados habrían intentado obtener la libertad de dos hijos de Roberto Carlos A. V., alias Gerente, cabecilla de la organización criminal conocida como Comandos de la Frontera, que eran procesados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. (I)