Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló que en la institución se investigan once casos de presunta violencia sexual en el ámbito clerical y no descartó que a escala nacional existan más denuncias.
El delegado de la Fiscalía compareció en la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, de la Asamblea Nacional, la tarde de este miércoles, 20 de agosto de 2025, en el marco del proceso de fiscalización a casos de violencia institucional y clerical.
El director de Derechos Humanos de la FGE intervino en representación del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, para brindar detalles de lo ocurrido el pasado 15 de agosto, a las 22:00, en la comuna de Olón, en la provincia de Santa Elena, donde un sacerdote católico fue encontrado por la comunidad junto a dos adolescentes, en su vivienda.
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Baño precisó que el proceso se inició ante un monitoreo de redes sociales y no por una denuncia o el parte policial, por lo que no es un procedimiento flagrante. El representante informó que la pesquisa se inició el 17 de agosto.
El delegado de la Fiscalía también confirmó que se ha notificado al sacerdote D. E. S. como sospechoso de este delito. Además, puntualizó que se dispusieron medidas de protección para los adolescentes, así como su valoración psicológica; en tanto que se ordenó la realización de pericias técnicas, el reconocimiento del lugar de los hechos, una pericia del entorno social y un análisis para el ingreso inmediato de los adolescentes al sistema de protección a víctimas y testigos.
“Son casos de alta complejidad que han requerido el acompañamiento de una dependencia adicional que es el equipo de género, sin embargo, podrían existir otros casos de otros años que están tramitándose en las fiscalías a nivel desconcentrado”, dijo Alejandro Baño.
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Sobre el estado de estos once casos, el director puntualizó que diez se encuentran en investigación previa y uno en etapa procesal. El delegado no descartó que existan más casos de presunto abuso sexual en la iglesia.
Ante la mesa legislativa también compareció Rodrigo Varela, representante de la Defensoría del Pueblo, quien informó que la institución activó la vigilancia al debido proceso sobre este caso. Además, evidenció que se ha solicitado información a la Conferencia Episcopal sobre hechos de violencia sexual en el clero, pero el ente no ha respondido.
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Por otro lado, la presidenta de la comisión, Viviana Veloz (RC), recordó que la fiscalización a la violencia institucional y clerical se inició el 14 de julio de 2025, por lo que lo ocurrido en Olón se suma al proceso.
“Es necesario señalar que la fe no puede ser excusa, no puede ser escudo para que abusen, violenten o arrebaten la inocencia a nuestras niñas, niños y adolescentes”, dijo la legisladora del correísmo.
A la sesión de este miércoles fueron convocados Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en Ecuador, quien no asistió ni presentó excusas, así como Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social, el cual avisó a la Comisión que no podrá asistir por agenda en territorio.
Tras la investigación empezada por la Fiscalía ante un presunto delito de abuso sexual, la diócesis de Santa Elena decidió separar al sacerdote D. S. de su oficio pastoral, mientras duren las investigaciones civiles y canónicas.
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“La Iglesia del Ecuador ratifica su posición de cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral que pueda producirse”, indicó la diócesis de Santa Elena.
(I)
