Una nueva puja para discutir y aprobar por tercera ocasión el reglamento para designar al titular de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se avizora en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A las 16:00 de este martes 18 de enero, la presidenta Sofía Almeida convocó a una plenaria virtual para debatir por tercera vez una propuesta reglamentaria, que es lo que falta para designar a un superintendente de Compañías, luego que el presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió la terna con los candidatos Marco López Narváez, María García Plaza y Esteban Coello Muñoz, el pasado 6 de enero.

La designación de esta autoridad se realiza después de que la Asamblea Nacional censuró y destituyó el 8 de diciembre pasado, a Víctor Anchundia de su cargo, por lo que corresponde realizar una designación por terna al CPCCS.

Elección de superintendente de Compañías se extiende, mientras Sofía Almeida denuncia presiones para aprobar reglamento ‘a la medida’

El proyecto de reglamento se ha debatido por dos ocasiones previas: el 29 de diciembre cuando la consejera Ibeth Estupiñán planteó cambios al texto; y el 5 de enero con una propuesta elaborada por la vocal María Fernanda Rivadeneira.

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En ninguna de las dos ocasiones se aprobó. No obstante, en la segunda hubo los cuatro votos necesarios para ello, que provinieron de los vocales Hernán Ulloa, Rivadeneira, Francisco Bravo y Estupiñán.

Al advertir que dicho proyecto alcanzó los votos para ser aprobado, Almeida suspendió de forma precipitada la sesión, alegando que no se estaba transmitiendo en vivo por las plataformas digitales. La votación no se cerró y la sesión no se clausuró.

Solo faltaba el voto de Almeida, porque incluso los consejeros David Rosero y Javier Dávalos votaron en contra de la propuesta de Rivadeneira.

Bajo ese escenario, la presidenta volvió a convocar a una nueva sesión con la propuesta hecha por la coordinación jurídica que está bajo su cargo, en la que el voto de Estupiñán será definitivo, pues en un inicio respaldaba a la mayoría que presidía Almeida, y desde el 29 de diciembre se ha abstenido por respaldarla.

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En dicho borrador se insiste en que, en la etapa de impugnación ciudadana, si dos de los candidatos son descalificados por efecto de las objeciones, se solicitará al jefe de Estado una nueva terna y reiniciar el proceso de elección.

En tanto, Rivadeneira propone que si todos (los tres) candidatos son impugnados y descalificados, se solicitará una nueva terna.

En la sesión de esta tarde, también está previsto designar al equipo técnico que revisará los requisitos de los integrantes de la terna.

Almeida propone que quienes integren este equipo técnico sean solo cuatro delegados del pleno; mientras que Rivadeneira recomienda que sean cinco.

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El Consejo de Participación Ciudadana está paralizado, denuncia Sofía Almeida, y responsabiliza a la nueva mayoría de emprender un boicot

En medio de este conflicto interno, Almeida denunció que el CPCCS está paralizado porque los consejeros que integran una nueva mayoría: Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán, no respaldaron la aprobación del presupuesto de $ 7 millones para las operaciones del 2022 y el Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Aseguró que por esa decisión no se podrán pagar salarios de los servidores, lo que ha generado malestar en el personal; y que no se podrán realizar los seis concursos públicos para designar autoridades, entre ellos, al titular de la Contraloría General del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los cuatro consejeros mencionados hicieron observaciones a los dos puntos, y alegaron que había falta de transparencia en las contrataciones que se querían realizar para organizar los concursos.

Además, que Almeida convocó a la aprobación de esos temas el viernes 14 de enero, al cierre de los plazos para efectuarlo.

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Bravo incluso remitió un oficio a la presidenta para aclararle que el presupuesto fue asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas el 3 de enero pasado, y que corresponde a su presidencia realizar los trámites administrativos para solicitar que se emita la certificación presupuestaria.

“Si no se hace un juego político y perverso del tema, no deberá afectar en absoluto lo referente al pago de remuneraciones, pues todo deberá seguir su curso normal, por ser incluso derechos garantizados en la Constitución (...) salvo que desde su liderazgo administrativo no autorice que el pago de las remuneraciones se haga a tiempo, lo cual sería muy grave”, expuso el consejero en su comunicación. (I)