Según el boletín emitido por la Cancillería ecuatoriana, este viernes, 6 de febrero, tras la reunión ministerial colombo-ecuatoriana, Colombia se compromete a revisar el proceso de extradición de un ciudadano ecuatoriano que es requerido por la justicia del país por el delito de delincuencia organizada y fue liberado bajo la figura de protección internacional.
Se trata del procesado en el caso Encuentro Nain Massuh, alias Turco, que fue liberado en Colombia por orden de la Fiscalía General de la Nación y gozaría del estatus de refugiado.
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El informe remitido desde la oficina de Bogotá de la Interpol a su similar de Ecuador, señala que el 30 de octubre de 2025, a través de correo electrónico, se recibió comunicación oficial por parte de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con una resolución en la que ordenó, entre otras cosas, lo siguiente:
- Primero, cancelar la orden de captura con fines de extradición proferida el 16 de enero de 2015 en contra del ciudadano ecuatoriano Gabriel Nain Massuh Villarruel.
- Segundo, ordenar la libertad inmediata del señor Gabriel Nain Massuh Villarruel para los fines del trámite de extradición.
Con ello, el 30 de octubre de 2025, la Fiscalía de Colombia canceló la orden de captura con fines de extradición que estaba vigente desde el 13 de enero de 2025 y también ordenó su libertad.
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Massuh es un empresario guayaquileño, de 60 años, que desde agosto de 2024 mantiene un llamado a juicio por delincuencia organizada en suspenso, pues ese delito no puede ser juzgado en ausencia.
Alias Turco estaba ubicado como prófugo de la justicia, ya que no cumplió con la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta.
Para la detención en Colombia de Massuh, el 24 de enero de 2025 se ejecutó una difusión roja de la Interpol con fines de extradición, la cual fue solicitada por el juez anticorrupción del caso Encuentro, Renán Andrade.
La teoría de la Fiscalía ecuatoriana dentro del caso Encuentro señaló que Massuh fue uno de los empresarios que supuestamente “manejaban” varias unidades de negocios del sector eléctrico de las que se obtenían beneficios económicos.
En el caso Encuentro se analizó una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana a la política y así interferir en instituciones públicas, como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas.
El grupo investigado habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas a empresas del Estado, todo con la finalidad de obtener réditos económicos.
Además de Massuh, mantienen un llamado a juicio por el caso Encuentro el también empresario Leonardo Cortázar, Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y las empresarias Éricka F. y Karen C., quienes supuestamente habrían sido beneficiarias de contratos en el sector eléctrico.
Cortázar y Luque Lecaro mantienen un proceso de extradición vigente luego de ser detenidos en Panamá y Argentina, respectivamente; mientras que Éricka F. es ubicada como prófuga de la justicia y Karen C. mantiene presentación periódica dos veces por semana hasta que complete su periodo de gestación, luego de lo cual se procederá con la etapa de juzgamiento.
En cambio, el 20 de noviembre de 2024, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Icaza, exgerente general de CNEL, fueron sentenciados en el caso Encuentro a diez años de cárcel como líder y nueve años y cuatro meses de prisión como colaborador, respectivamente. (I)