En el movimiento indígena hay expectativa porque el Gobierno nacional inicie el proceso de transformación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación en una entidad autónoma, en cumplimiento de los acuerdos suscritos el 14 de octubre pasado.

Las reuniones entre delegados de las organizaciones del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) con autoridades del Ejecutivo se mantienen, aunque no avanzan con la rapidez esperada.

Este jueves se desarrollaron reuniones alrededor de temas como la focalización de subsidios de los combustibles, derechos colectivos, focalización de precios y fomento productivo, pero la ejecución de políticas públicas está en ciernes.

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Una de ellas es relativa a la educación intercultural. Enrique Guashca, secretario de Fortalecimiento Organizativo de la Feine, detalló que la próxima semana está previsto conocer el texto del decreto ejecutivo que viabilizará la autonomía de la Secretaría Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación, que fue parte de los 218 consensos fijados en la mesa de derechos colectivos.

En el acta de dicho acuerdo, el régimen se comprometió a acoger la petición de las organizaciones sociales para derogar el decreto ejecutivo 445, sobre el funcionamiento de dicha Secretaría y hacer que su autoridad tenga el rango de ministro.

También hubo el compromiso para que se otorgue la autonomía orgánica y completa del sistema de educación bilingüe; y articulado a ello se emitiría el reglamento para la constitución del Consejo Plurinacional Intercultural Bilingüe y Etnoeducación que será presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se encargue de elegir a sus consejeros.

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Según Guashca, este jueves se conoció un proyecto de decreto ejecutivo al que las organizaciones sociales hicieron sus observaciones y que serán analizadas en el Ministerio de Educación, antes de aprobarlo.

La expectativa es que esto se pueda tratar el próximo jueves y con ello arranque su ejecución en la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República.

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“De darse este decreto, la Secretaría de Educación Intercultural pasaría a ser una instancia paralela al sistema de educación intercultural, que tendrá su estructura y no tendrá interferencia del Ministerio de Educación. Eso significa que contará con su propio presupuesto, podrá armar sus mecanismos logísticos y administrativos para operar y trabajará en la designación de docentes, entre otros ejes”, afirmó el dirigente.

Asimismo, según Guashca se propende a que el Gobierno no intervenga en la designación del titular de esta Secretaría, sino que lo haga este Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación, cuyos consejeros serían designados en un proceso del que se encargaría el Consejo Nacional Electoral.

Una vez que estén designados estos vocales, ellos elegirán al nuevo secretario de Educación Intercultural Bilingüe, que represente a los pueblos y nacionalidades indígenas. “Esperamos la próxima semana tener el decreto consensuado y que las autoridades competentes empiecen a dar ejecución”, añadió.

Otra demanda que sigue activa es la que hace la Plataforma por la condonación de deudas de los agricultores, artesanos, pescadores y emprendedores, que alista nuevas acciones.

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El coordinador de la plataforma, César Pérez, informó que en enero próximo presentarán ante la Corte Constitucional (CC) una acción por incumplimiento de norma en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Esta demanda se plantearía por no dar cumplimiento al artículo 196 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 que establece una condonación de créditos hasta los $ 10.000 y que se incorporó también entre los 218 acuerdos dados en las mesas de diálogo.

En ese sentido, la Fenocin junto a esta Plataforma piden que se firme un decreto que condone las deudas por ese valor.

Sin embargo, desde el Gobierno, varios de sus voceros, como los ministros de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena y de Gobierno, Francisco Jiménez, anunciaron que no se emitirá ningún decreto para condonar deudas que bordeen los $ 10.000 porque podría afectar la liquidez del BanEcuador.

Argumentaron, que el jefe de Estado suscribió, durante los 18 días del paro nacional, el decreto ejecutivo que condonó las deudas por hasta $ 3.000, pero que no se podrá avanzar a los $ 10.000.

Es por ello que la Plataforma no descarta que los agricultores retomen en enero próximo nuevas convocatorias a movilizaciones, dijo Pérez.

Así también están a la espera de que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional convoque a los ministros de Economía, al de Gobierno y a las autoridades del BanEcuador para que expliquen por qué se niegan a cumplir ese compromiso.

“El tema está latente, las organizaciones sociales están a la espera de respuestas. Los agricultores están preocupados porque no pueden pagar sus deudas y acceder a nuevos créditos y, tampoco pueden acceder a la refinanciación porque no están en condiciones de pagar, incluso muchos ya no tienen cómo sobrevivir. Pero, las organizaciones sociales están preparando movilizaciones para las siguientes semanas y estamos pidiéndoles que no por el momento”, comentó Pérez.

Por su parte, Enrique Guashca adelantó que los tres movimientos sociales que participaron en los diálogos tienen previsto mantener una asamblea nacional en febrero próximo para evaluar el cumplimiento de los acuerdos.

“Esperamos que el Gobierno no esté a la espera de que estemos detrás exigiendo que se cumplan los acuerdos, sino que por sí solos vayan implementándolos. No obstante, hasta el momento estamos avanzando, no en la medida en que se aspiraba, por lo que esperamos que se ponga el acelerador”, añadió. (I)