El movimiento político Revolución Ciudadana (RC) solicitó a un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que revoque la medida de suspensión por nueve meses que, aparentemente, habría solicitado el titular subrogante de la Fiscalía General, Leonardo Alarcón, en el marco de una investigación previa al presumirse un delito de lavado de activos.
El abogado de la RC, Gabriel Rivera, acudió la tarde de este 8 de abril de 2026 hasta el TCE para ingresar una petición de revocatoria de la medida de suspensión por nueve meses que se dictó el 6 de marzo pasado.
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La causa está en el despacho del juez electoral Joaquín Viteri, quien emitió una medida cautelar de suspensión provisional en contra de la RC, lista 5, tras admitir a trámite una denuncia —de la que se desconocen las causas de una posible infracción electoral— planteada por Leonardo Alarcón, fiscal subrogante.
La denuncia se ingresó el 4 de marzo de 2026 por los fiscales Alarcón y Judith Bonilla Estrada, esta última de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, que estaría relacionada con una investigación previa por el delito de lavado de activos.
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Este miércoles, Rivera señaló que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) habría elaborado un informe técnico que los “excluye de cualquier responsabilidad de manejo ilícito de recursos al movimiento Revolución Ciudadana... Hemos ingresado a la Fiscalía este informe con la solicitud de que se revoque o se deje insubsistente el oficio que se remitió al TCE”.
En declaraciones a periodistas, relató que el fiscal subrogante les contestó este 7 de abril que la Fiscalía “no ha enviado ese documento al Tribunal”.
“El fiscal no miente, porque él no lo mandó y nadie más podía hacerlo. Por lo tanto, con ese impulso fiscal de forma clara, el fiscal dice que no lo ha hecho”, afirmó Rivera en referencia a una medida de suspensión.
Sobre esa base, el jurista ingresó esta petición para que Viteri analice “la revocatoria de la medida impuesta, porque la propia Fiscalía ha dicho que no la ha emitido”.
La investigación abierta en la Fiscalía tendría como elementos que el movimiento recibió dineros ilícitos del Gobierno del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro para financiar la campaña electoral del binomio presidencial de entonces, integrado por Luisa González y Andrés Arauz, en los comicios seccionales anticipados de 2023. (I)