Movilizaciones contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa se reactivan desde este 11 de julio

A partir de este viernes, 11 de julio, el gobierno del presidente Daniel Noboa enfrentará las primeras movilizaciones desde que asumió la Presidencia de la República, el 24 de mayo pasado.

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Las últimas tres leyes aprobadas en la Asamblea Nacional —de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública— motivaron a organizaciones sociales a convocar a marchas, que se concentrarán en la capital.

Las medidas las anunciaron gremios como la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), la Federación Médica Ecuatoriana y más.

De hecho, las primeras movilizaciones arrancaron a inicios del mes. El pasado 1 de julio, la UNE de Guayas marchó en Guayaquil para exigir que se declare en emergencia nacional al sistema educativo.

El 2 de julio, gremios de trabajadores y el Frente Popular Nacional protestaron en los exteriores del Ministerio del Trabajo, en Quito, por las medidas del Gobierno relacionadas con la seguridad social, la estabilidad laboral y la jubilación.

Viernes 11 de julio

Mientras tanto, para este viernes, 11 de julio, la misma Unión Nacional de Educadores anunció una movilización que partirá desde la sede de la organización en la calle 9 de Octubre, en el norte de Quito.

La protesta será en exigencia de la declaratoria de emergencia a la educación, para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad, por la derogatoria del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el presupuesto a la educación con la equiparación salarial de los docentes.

Miércoles 16 de julio

De la misma manera, para este miércoles, 16 de julio, el FUT, el Frente Popular, la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, la FEUE y la FESE se movilizarán en el centro de Quito en contra de las medidas del Ejecutivo.

Los trabajadores piden que se declare la inconstitucionalidad y se deroguen las leyes de Inteligencia e Integridad Pública, pues reclaman que las normas vulneran los derechos de los trabajadores.

En tanto que los estudiantes reclaman presupuesto para las instituciones secundarias y superiores, ya que dicen que existe una deuda de al menos $ 712 millones.

Para esa misma jornada, la Federación Médica Ecuatoriana y la Asociación de Enfermeras y Enfermeros, junto con más organizaciones del personal de la salud, tienen prevista una marcha hacia la Corte Constitucional, en el norte de la capital, para entregar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública.

Los profesionales de la salud rechazan las reformas a la Ley de Servicio Público sobre la jubilación y estabilidad laboral, así como las modificaciones a la Ley de la Seguridad Social para centralizar la compra de medicamentos en los hospitales públicos.

25 de agosto

Para agosto también se esperan movilizaciones en el país. La Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino convocó para el 25 de agosto a una manifestación pacífica en defensa de los derechos de los asegurados del campo y en rechazo a lo que consideran políticas sin atención para ellos desde el Gobierno nacional a este sector.

Organizaciones demandan leyes del Ejecutivo

Docentes, médicos, trabajadores, estudiantes, abogados y más han presentado múltiples demandas en la Corte Constitucional en contra de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública para que se declare la inconstitucionalidad de las normas.

Hasta el mediodía de este jueves, 10 de julio, estas tres normativas, aprobadas en la Asamblea Nacional, enfrentan 19 acciones públicas de inconstitucionalidad.

En contra de la Ley de Solidaridad se ingresaron seis demandas; de las cuales dos se admitieron a trámite y se unificaron, una fue inadmitida y tres están pendientes de admisión.

La Ley de Inteligencia tiene una demanda pendiente de admisión.

Mientras que la Ley de Integridad Pública acumula doce demandas de inconstitucionalidad, que también están pendientes de admisión o inadmisión. (I)