Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó a Mercedes Caicedo y a Ramón Echaiz como vocal titular y presidente y vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente, lo que resta es que en el pleno de la Asamblea Nacional sean posesionados los dos nuevos funcionarios del órgano de gobierno, administración, disciplina y vigilancia de la Función Judicial.
La tarde del viernes último, 24 de abril, con cinco votos a favor, el Consejo de Participación Ciudadana nombró a Caicedo, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para que lidere hasta el 2031 la Judicatura. De la misma forma, Echaiz, un abogado en libre ejercicio, se mantendrá como vocal suplente del CJ durante lo que resta del periodo de seis años para los que fueron designados, en septiembre de 2025, los integrantes del último pleno de la Judicatura.
Mercedes Caicedo y Ramón Echaiz fueron los dos primeros de la terna entregada por el presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, al CPCCS para la selección. Caicedo reemplazará en el cargo a Mario Godoy, presidente del CJ que fue cesado y destituido del cargo por la Asamblea Nacional con 148 votos en febrero pasado; mientras que Echaiz estaría en lugar de la vocal suplente Alexandra Villacís, la cual renunció al cargo una vez que no pudo titularizarse para las funciones.
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Pese a que en enero de 2025 debían existir los funcionarios que reemplazarían a quienes se mantuvieron en la Judicatura para el periodo 2019-2025, el 24 de septiembre de 2025, en la sesión 041, la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, tomó el juramento como presidente y vocales titulares del CJ a Mario Godoy, Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara.
De igual forma se tomó juramento a los vocales suplentes, en ese momento, Alexandra Villacís, Nicolás Burneo, Wendy Moncayo, María Gabriela Vinueza y Laura Flores. Estas autoridades fueron designadas por el CPCCS con base en las ternas enviadas por la CNJ, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.
La mañana del 18 de febrero pasado, Mario Godoy presentó su renuncia a la presidencia del CJ, pero en la tarde de ese mismo día, con 148 votos a favor del pleno del Legislativo, fue censurado y destituido del cargo al comprobarse una “manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones”.
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“La coyuntura política actual evidencia que los intereses y cálculos partidistas han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio y los grandes esfuerzos institucionales realizados”, decía Godoy en su carta de renuncia.
En algo más de dos años, Mario Godoy se transformó en el segundo presidente titular del CJ que dejó el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial entre denuncias de corrupción, cuestionamientos a sus actuaciones y su nombre relacionado con al menos dos investigaciones previas abiertas en la Fiscalía: una por tráfico de influencias y otra por delincuencia organizada.
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Damián Larco, el vocal del CJ proveniente de la terna enviada por Ejecutivo, es quien ocupó el cargo de presidente temporal del CJ. Fue posesionado primero el 10 de febrero pasado para reemplazar temporalmente a Godoy, quien pidió licencia y vacaciones en medio del juicio político, y luego, el 18 de febrero siguiente, por la renuncia definitiva, fue nuevamente designado por unanimidad como presidente encargado del CJ, pero en esta ocasión hasta la designación del vocal titular y presidente.
Aún no se conoce una fecha en la que el pleno de la Asamblea recibirá a estas dos nuevas autoridades del CJ para su posesión. Más allá de ello, una vez que se concrete este acto, se dirigirán al edificio matriz del CJ, en el norte de Quito, para asumir sus despachos y empezar a desarrollar sus actividades formalmente.
En el caso de Mercedes Caicedo, ella dejará sus actividades como jueza de la Corte Nacional. Entre enero de 2021 y febrero de 2022 fue conjueza penal del máximo órgano de justicia ordinaria del país y desde febrero de 2022 hasta la actualidad pasó a ser jueza encargada en la Sala Penal de la CNJ ante la ausencia de jueces titulares.
En el artículo 120, numeral once, de la Constitución se establece que la Asamblea Nacional tiene entre sus atribuciones posesionar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.
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La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que la posesión se formaliza en sesiones plenarias donde las autoridades electas juran cumplir con la Constitución y las leyes. (I)
