Los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, gremios de periodistas y distintos actores, expertos y expertas, reiteraron la invitación al presidente electo, Guillermo Lasso, para reunirse y profundizar en las acciones de la hoja de ruta por la libertad de expresión 2021-2025 que propusieron.

Esto, después de que Lasso, en sus primeras declaraciones públicas, ha hecho referencia a aspectos incluidos en ese documento, relacionados con la situación de la libertad de expresión.

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El mandatario electo señaló que el 24 de mayo del 2021 presentará un proyecto de derogatoria a la Ley de Comunicación, que propondrá un proyecto de ley sustitutivo de la Ley de Comunicación que consagrará la libertad de expresión y que procederá a la venta de los medios públicos e incautados.

“En ese sentido, este grupo ha expresado en reiteradas ocasiones, desde el 2017, que efectivamente es necesario derogar la actual Ley de Comunicación por ser un cuerpo legal antitécnico que de ninguna forma -aun con las reformas de 2018- cumple el propósito de garantizar, defender y promover el ejercicio de la libertad de prensa y proteger el trabajo de los medios y periodistas independientes”, se dice en el comunicado de este colectivo que agrupa a más de 34 medios y organizaciones.

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Sin embargo, los medios y las organizaciones recuerdan que el procedimiento de derogatoria de esta ley no es sencillo y que debe pasar obligatoriamente por la Asamblea Nacional.

Además, existe una disposición constitucional que obliga a que exista una ley, la cual, a diferencia de la actual, debe ser una ley que garantice, promueva y proteja la libertad de expresión y sea fruto de un sólido consenso social.

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Por otra parte, indican que el proceso de construcción de esta normativa requerirá de la participación activa de los distintos sectores y actores a quienes involucra la legislación.

“No incluir en el debate y construcción de esta ley a la ciudadanía podría generar resultados problemáticos y vulneradores de derechos, como se visibilizó con la aprobación de la legislación vigente”, advierten y señalan que la nueva normativa debe ser coherente con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión que Ecuador ha ratificado y tiene la obligación de cumplir, y con los derechos que garantiza la Constitución vigente.

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Sobre el anuncio de venta de medios públicos e incautados, el grupo cree que es un tema que debe motivar un profundo debate.

“Este grupo ha expresado que la venta de los medios incautados es urgente, pues su existencia misma es una grave distorsión del ecosistema mediático en el Ecuador”, aseveró el grupo, que aseguró que es importante que se respeten los derechos de los trabajadores.

En cuanto al tratamiento de los medios públicos, señalan que es mucho más delicado y merece, igualmente, un amplio diálogo social al respecto. “La existencia de genuinos medios públicos (no gubernamentales y menos partidistas) es importante para la pluralidad en una sociedad democrática”, expresaron. (I)