Más sectores profesionales están obligados a reportar actividades ‘sospechosas’ de su clientela, según resoluciones de la UAFE

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) resolvió ampliar a más sectores profesionales y de servicios la obligatoriedad de reportar operaciones “sospechosas” de sus clientes.En el Suplemento del Registro Oficial 48 del 22 de abril de 2022 se publicaron las resoluciones n.º UAFE-DG-2022-0130 y n.º UAFE-DG-2022-0131 en las que se notifica sobre el tema a contadores y auditores, y empresas que den esos servicios; y las personas naturales y jurídicas que sean proveedoras de servicios de activos virtuales. En el primer caso, se considera como sujetos obligados a reportar a los que realicen las siguientes actividades: En el segundo caso, la resolución alcanza a aquellos que realicen: Según publicaciones especializadas en finanzas, un activo virtual es toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. A diferencia del papel moneda, este tipo de activo no tiene un sustento físico y solo se encuentra respaldado en forma electrónica. Hace pocos días, la UAFE resolvió que los abogados y estudios jurídicos debían reportar las actividades “sospechosas” de sus clientes, algo que fue cuestionado por los gremios de esos profesionales y juristas en libre ejercicio que señalaron que viola el derecho al sigilo profesional.Ya se han planteado acciones constitucionales y legales para echar abajo la medida: una demanda de inconstitucionalidad, del estudio jurídico García & Partners Abogados, y una acción de protección de dos abogadas que pertenecen a la Red Multidisciplinaria de Juristas.Para esta semana está previsto que el Colegio de Abogados del Guayas presente otra demanda de inconstitucionalidad. El pasado 25 de abril empezaron a recoger firmas de sus agremiados para darle más peso a su acción jurisdiccional.En su documento plantearán que se declare la inconstitucionalidad de tres normativas: el artículo 26 de la Ley para la prevención de lavado de activos y financiación de delitos; el artículo 102 de la ley orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana; y los artículos 1, 3 y la disposición general octava de la resolución de la UAFE que los obliga a hacer los citados reportes. Esto porque “son contrarias al derecho constitucional a la privacidad de la correspondencia entre el profesional y el cliente; y al derecho-deber del sigilo profesional del abogado”. (I)

Más sectores profesionales están obligados a reportar actividades ‘sospechosas’ de su clientela, según resoluciones de la UAFE

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