Más de un centenar de legisladores quedan en libertad de votar según sus convicciones en la ley del aborto por violación

Son 107 los legisladores que quedarán en libertad para decidir su voto en el pleno de la Asamblea Nacional respecto del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo a niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.Las posiciones polarizadas entre los 137 legisladores que conforman el Parlamento persisten a un día de retomar el debate y votación del informe de mayoría elaborado por la Comisión de Justicia donde plantea que la interrupción del embarazo por violación en caso de las niñas y adolescentes debería darse hasta las 22 semanas de gestación (5 meses y medio), y en el caso de las mujeres mayores de 18 años de edad, hasta las 20 semanas (5 meses).La única bancada, aunque no completa, que mantiene el respaldo al informe de mayoría de la mesa de justicia es la Izquierda Democrática. También un sector de Pachakutik, que pertenece a los autodenominados rebeldes a la actual jefatura de bloque, anuncia que apoyará con ocho votos ese texto.La ID posee quince curules, pero hay dos legisladores que pidieron al partido dejarlos en libertad para votar en este proyecto de ley, y aspiran a apoyar el informe de minoría que recomienda un plazo de hasta doce semanas la interrupción del embarazo para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad; y seis semanas para las mujeres mayores de 18 años de edad.Dalton Bacigalupo (ID) dice que tiene libertad para tomar su opción personal y que él respaldará el informe de minoría que pone como plazo máximo para la interrupción del embarazo a los tres meses; en tanto que su coidearia Wilma Andrade llamó a los asambleístas a no dejar de lado esta oportunidad para tener un ley que ampare a las niñas y adolescentes víctimas de violación.Cuestionó que la mayoría de bancadas se haya decidido por la opción fácil, de dejar en libertad a sus legisladores, pues es una manera de escudarse y evadir la responsabilidad de las organizaciones políticas para favorecer a las víctimas.La bancada Unión por la Esperanza deja en libertad a 48 legisladores, PSC a 14, Pachakutik a 17 asambleístas, 2 de la ID, 12 de CREO y 14 asambleístas que pertenecen a la Bancada Acuerdo Nacional y que pertenecen a movimientos provinciales de minoría.El pleno de la Asamblea Nacional está convocado para este jueves 3 de febrero, a partir de las 10:00, para debatir el proyecto de ley que fue planteado por la Defensoría del Pueblo tras la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que despenalizó el aborto en caso de violación, y recomendó a la Asamblea Nacional aprobar una ley que garantice el acceso.El debate de este proyecto de ley que garantizará el aborto por violación para niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes divide a todos los sectores políticos de la Asamblea, y la mayoría de las fuerzas políticas optó por dejar en libertad de decisión a sus legisladores.El bloque más numeroso de asambleístas es Unión por la Esperanza (UNES), posee 48 votos, y hasta el momento existen al menos 24 legisladores que respaldan el informe de mayoría y los restantes están por una opción distinta que podría quedar en la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación.Juan Lloret, asambleísta por UNES, admite que este tema parte aguas en toda la bancada, y que personalmente está a favor de que se consagre este derecho a las mujeres, pero por una diversidad de posiciones desde la bancada se ha dejado en libertad a los asambleístas y que desde su reflexión personal puedan votar.El asambleísta Marco Troya (BAN) señala que existen catorce e inclusive podría llegar hasta quince el número de legisladores que resolvieron dejar en libertad de decisión frente al proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo por violación.Ese grupo de asambleístas analizará el tema y tomará una decisión de acuerdo con sus convicciones, y aclara que su posición esta vez no coincide con los legisladores de la bancada Creando Oportunidades (CREO).El representante de CREO Francisco Jiménez indicó que hasta este 1 de febrero la disposición oficial del bloque es dejar a los legisladores para que cada uno decida conforme sus convicciones personales.Sin embargo, admitió que cualquier votación en la que se deje en libertad a los asambleístas corre el riesgo en el resultado general, pero en el contexto de posiciones polarizadas la mejor opción es el informe de minoría, porque es menos chocante la interrupción del embarazo a los tres meses que a los cinco meses y medio de gestación.En el sector de Pachakutik existen dos posiciones frente al proyecto de ley en debate. El grupo de asambleístas autodenominados rebeldes y dirigido por el asambleísta Mario Ruiz Jácome apoyará el plazo de las 22 semanas de gestación para la interrupción del embarazo, con ello estarían respondiendo incluso al reclamo de mujeres que pertenecen a organizaciones feministas, anotó Ruiz.Pero el legislador nacional de Pachakutik Ricardo Vanegas tiene otra lectura y afirma que como están las cosas el informe de mayoría no tendría más de 36 votos, frente a los 80 que podría tener el informe de minoría presentado por él, debido a que hay legisladores que creen en la interrupción del embarazo por violación, pero no están de acuerdo con las 22 semanas de gestación.Sea como sea, añade, ningún sector político puede negarse a aprobar un proyecto de ley que regule el acceso a la interrupción del embarazo, porque es un mandato de la Corte Constitucional.El legislador Jorge Abedrabbo, del PSC, resaltó que su bancada optó por la libertad de conciencia para votar sobre el proyecto, pero que personalmente considera que el plazo debería ser no mayor a las 18 semanas de gestación.El coordinador de la bancada, Esteban Torres, indicó que ninguno de los informes presentados por la comisión posee los votos suficientes para ser aceptados, y advierte que no habría aprobación de ley, y que queda la opción de dejar que sean los jueces que en cada caso concreto apliquen la sentencia de la CC.De esa forma, anotó, no habrá una ley que está jugando a ser Dios, que no sabe si el asesinato de seres humanos con protección constitucional será a las 28, 22, 18 o 12 semanas de gestación. (I)

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