La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) pidió el archivo del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, al advertir que la propuesta debilita la consulta previa, flexibiliza los controles ambientales y pone en riesgo el agua y los territorios.
El pronunciamiento fue difundido en X, el 15 de febrero, por el presidente de la organización indígena, Marlon Vargas, a través de un mensaje público en el que alertó que la normativa favorece a grandes empresas extractivas por encima de los derechos colectivos y de la naturaleza, reconocidos en la Constitución.
“El proyecto de ley minero-energético que impulsa el gobierno es un peligro para el país: reduce la consulta previa, reemplaza las licencias ambientales por simples autorizaciones y facilita concesiones de largo plazo”, señaló Vargas. Añadió que aprobar la iniciativa significaría debilitar la capacidad del Estado para proteger la naturaleza, en un contexto en el que ya existen ríos contaminados con mercurio y cianuro por actividades extractivas.
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Desde la CONAIE, dijo, se defenderá “el agua que todos tomamos, la vida de nuestras comunidades y el cumplimiento de la Constitución”, por lo que reiteró el llamado a archivar el proyecto y a no profundizar un modelo extractivista que, según afirmó, ha generado contaminación y división social.
El estado del proyecto en la Asamblea
El pronunciamiento de la organización indígena se da pocos días después de que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobara el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente. Esto se dio el pasado 12 de febrero.
El documento recibió seis votos favorables de legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y de un aliado del gobierno, mientras que asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) y un legislador independiente votaron en contra.
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Desde el correísmo se cuestionó que la propuesta sustituya la licencia ambiental por una autorización administrativa, lo que —advirtieron— abre la puerta a la discrecionalidad y pone en riesgo las fuentes hídricas. También criticaron que no se haya permitido la comparecencia de colectivos ambientalistas durante el trámite en comisión, por lo que pidieron el archivo del proyecto.
En contraste, el oficialismo defendió la iniciativa señalando que busca reactivar la inversión minera legal, fortalecer el control estatal y combatir la minería ilegal, además de optimizar la renta minera y modernizar la matriz energética. Legisladores de ADN aseguraron que la propuesta no desconoce los resultados de consultas populares y que, cuando estas limiten o prohíban la actividad minera antes de la fase de explotación, no generarán derecho a indemnización.
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Con la aprobación del informe, el proyecto pasará a primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional, previa convocatoria del presidente del Legislativo, Niels Olsen. (I)
