El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, se pronunció sobre las alertas del juez de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con el Crimen Organizado Carlos Serrano, sobre riesgos y amenazas a su integridad, y explicó que la institución no aceptó su renuncia porque el magistrado mantiene causas de conmoción social que requieren la emisión de sentencias por escrito.
A través de un comunicado, emitido la noche de este jueves, 18 de diciembre de 2025, Godoy explicó que la decisión de asignar o retirar seguridad personal no corresponde al Consejo de la Judicatura, ya que esto es competencia exclusiva de otra institución.
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Asimismo, precisó que el juez Serrano informó, mediante correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2025, al director provincial de Pichincha que su análisis de riesgo emitido por el Ministerio del Interior venció el 30 de septiembre de 2025 y que, conforme a una nueva evaluación, se determinó un nivel medio de riesgo del 38 % que no justificaba la asignación de resguardo personal.
No obstante, dice Mario Godoy, el Consejo de la Judicatura, el 8 de diciembre, “gestionó de manera inmediata y urgente una nueva solicitud de seguridad”.
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“El juez solicitó acogerse a la modalidad de teletrabajo, esta petición fue aprobada mediante oficio DP17-2025-1557-OF, autorizando su desempeño remoto desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, en estricto cumplimiento de los protocolos y normativa vigente”, dice el pronunciamiento.
El juez Carlos Serrano presentó su renuncia debido a riesgos y amenazas a su integridad, generados en la tramitación de una causa en la que se sentenció un esquema de lavado de activos relacionado con el narcotráfico.
El magistrado, además, integra el Tribunal de Juicio del caso Triple A, en el que es procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
En un escrito remitido este miércoles a Henry Gaibor, director provincial del Consejo de la Judicatura, el juez Serrano le recuerda que el 3 de diciembre pasado informó de que le retiraron el equipo de seguridad, a pesar de los inminentes eventos que han amenazado su vida y su integridad. Luego, “frente a aquel desamparo”, el 4 de diciembre siguiente presentó su renuncia voluntaria irrevocable al cargo de juez del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, pero hasta la fecha del escrito no ha tenido ninguna respuesta sobre la desvinculación laboral, lo que para él produce varias consecuencias.
“Por una parte, se está vulnerando mi derecho constitucional al trabajo libremente escogido y aceptado, así como a no ser obligado a realizar un trabajo forzoso, limitado y libre de desarrollo de la personalidad, y, por otra parte, se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales, fuente de mi situación de peligro sin ningún tipo de resguardo personal. Por lo expuesto, con el fin de que se tomen las medidas administrativas que correspondan para precautelar el correcto desarrollo de las causas, informo de que, ejerciendo el derecho a un trabajo libre, escogido y no obligado, protegiendo mi vida e integridad, no laboraré desde hoy, 17 de diciembre de 2025″, refiere Serrano en su escrito. (I)