Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, defendió la figura de declaratoria de emergencia, que permitirá evaluar, remover y seleccionar jueces y fiscales con un procedimiento expedito.
En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el 25 de junio de 2025, el titular del organismo consideró que un concurso para la selección de jueces no sería una solución viable para completar el déficit de 753 jueces que requiere el país.
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“Ustedes ven cuántos jueces nos faltan. Si nosotros nos lanzamos a un concurso para llenar todas esas vacantes, no vamos a acabar nunca. Más aún si existen acciones de protección de por medio para bloquear los concursos”, dijo el representante.
Así, Mario Godoy respondió a la interrogante de la asambleísta Ana Herrera (RC) sobre la facultad que le otorga la recién aprobada Ley de Integridad Pública, para declarar la emergencia en la Función Judicial.
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Sobre este recurso, el presidente de la Judicatura aclaró que la declaratoria de emergencia en la justicia no es un concepto nuevo, pues este se implementó en 2019.
Con la emergencia en la Función Judicial, también se pueden realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
En este marco, Godoy enfatizó que la evaluación es un parámetro establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene que darse.
¿Qué dice la Ley de Integridad Pública?
La ley aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional plantea una reforma al artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, e incluye la posibilidad de declaratoria de emergencia en la justicia.
Esta figura abre la puerta a cuatro posibilidades:
- Establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales.
- Reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia.
- Realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
- Realizar las contrataciones por emergencia que se requieran.
El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional con 84 votos como ley urgente de Integridad Pública fue remitido al Ejecutivo este 25 de junio para su sanción o veto en un plazo de 30 días. (I)