La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se refirió a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y reclamó que no fue recibida por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional pese a haber solicitado participar antes del cierre del informe para primer debate.
En declaraciones a Radio Centro, Aguiñaga sostuvo que la discusión de una norma que regula a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) no puede hacerse sin quienes administran el territorio, y advirtió que el proyecto impulsado por el Ejecutivo tiene un enfoque centralista que no recoge las realidades locales.
La prefecta aclaró que no se opone a que se eleve el porcentaje del presupuesto destinado a inversión, incluso hasta el 75 %, pero cuestionó que la propuesta se concentre únicamente en el monto del gasto y no en su calidad.
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Señaló que la reforma castiga a los GAD sin considerar variables como emergencias, atención social o la capacidad real de ejecución.
Aguiñaga advirtió además que la iniciativa tiende a clasificar como gasto corriente rubros que, en la práctica, son inversión social, como el personal destinado a fumigación, programas deportivos, agrícolas y de recomposición del tejido social, áreas que —dijo— permiten llegar a barrios vulnerables y prevenir violencia.
Otro de los puntos señalados por la prefecta fue el retraso en las transferencias del Gobierno central, que en el caso del Guayas supera los $ 60 millones, lo que afecta la planificación institucional y rompe la cadena de pagos con contratistas y proveedores.
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A su criterio, no se puede exigir eficiencia a los gobiernos locales cuando las asignaciones no llegan a tiempo.
Aguiñaga planteó que la reforma debería incorporar incentivos a la buena gestión, la innovación y la eficiencia, en lugar de recortes automáticos, y propuso discutir límites específicos a ciertos rubros antes que sanciones generales.
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Finalmente, insistió en que las observaciones técnicas de prefecturas y municipios deben ser escuchadas antes de avanzar en el trámite legislativo. (I)
