La crisis política en la Legislatura se agrava. El coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, en representación de la presidenta Guadalupe Llori, acudió la tarde del viernes 8 de abril a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por usurpación de funciones en contra de los cinco integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que en la sesión del 6 de abril aceptaron la apelación de la presidencia de Llori y en su lugar asumió el primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.
En aquella sesión, el legislador Darwin Pereira (antes PK) solicitó un cambio en el orden el día en el CAL con el fin de que se califiquen las tres denuncias planteadas el 5 de abril por los asambleístas Gruber Zambrano (BAN), Esteban Torres (PSC) y los miembros del correísmo Viviana Veloz, Luis González, Blasco Luna y Fausto Jarrín (UNES).
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Las denuncias del BAN y de UNES van contra los siete integrantes del CAL, mientras que la presentada por Torres apunta a un supuesto incumplimiento de funciones de la presidenta del Parlamento.
El pedido de Pereira fue acogido por la mayoría del Consejo, pese a que Llori argumentó que legalmente tiene tres días para poner en conocimiento del CAL las tres denuncias; un plazo que vence este viernes, 8 de abril.
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El cambio fue incorporado en la agenda, pero Llori dispuso que se lo tratara al final. Esto provocó la reacción de Ronny Aleaga, quien apeló la conducción de Llori; la moción fue respaldada con los votos de Virgilio Saquicela (BAN), Yeseña Guamaní y Johanna Moreira (ID), Darwin Pereira (antes PK) y Ronny Aleaga (UNES). Mientras, Llori y la asambleísta oficialista de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Nathalie Arias, se retiraron de la sala.
Fue así como Saquicela asumió el control de la reunión. No obstante, la sesión fue suspendida porque los documentos de las tres denuncias en cuestión todavía no estaban en poder del CAL, así que la jornada se retomará el lunes 11 de abril, a las 17:00.
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Con este antecedente, el coordinador jurídico de la Asamblea aseguró que se justifica la denuncia por usurpación de funciones en contra de Aleaga, Saquicela, Guamaní, Moreira y Pereira, ya que habrían asumido atribuciones que le correspondían a Llori.
“No podían revisar las denuncias, por cuanto se encontraban en manos y competencia de la presidenta de la Asamblea. Hay un plazo de tres días para el conocimiento de estas denuncias en el seno de la presidencia. Durante estos tres días se cometió este presunto delito, en el sentido de que un miembro del CAL mocionó un cambio del orden del día, que fue discutido, tratado, debatido por los señores del CAL y en un momento dado se dieron cuenta de que existía un problema porque los documentos no estaban ahí”, manifestó Salazar desde los exteriores de la Fiscalía.
Con respecto a la reinstalación de la sesión del CAL convocada por Saquicela para el lunes, Salazar expresó que “ellos sabrán cómo solucionan este problema legal”. Agregó que Llori cumplirá con el plazo de tres días para poner en conocimiento del CAL las tres denuncias.
El supuesto delito por usurpación de funciones está tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece una pena de uno a tres años de prisión. El coordinador jurídico señaló que la inmunidad parlamentaria no cabe en la etapa de investigación previa ni cuando se trata de un delito flagrante, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. (I)