Desde pedidos de que se los declare persona no grata, intentos de soborno, presión por llamadas telefónicas y mensajes de texto, visitas inesperadas hasta manifestaciones de grupos con gritos afuera de sus domicilios –que configuraría en los delitos de intimidación y tentativa de cohecho, según juristas– es lo que denunciaron haber vivido al menos ocho legisladores para instarlos a votar a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso a través del artículo 130, numeral 2 de la Constitución, por presunta “grave crisis política y conmoción interna”, que no se concretó.