Ya se encuentra listo el proyecto de ley antimafia que presentará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional en las próximas semanas. La propuesta estará orientada a desarticular de manera estructural las economías criminales que amenazan a la soberanía, a la seguridad interna del país y al funcionamiento regular de la economía nacional.
El Gobierno nacional parte de una premisa: para poder tener seguridad se necesita combatir las mafias. En la construcción de este proyecto de ley participó la asambleísta Mishel Mancheno Dávila, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien será la encargada de ingresar el documento a la legislatura.
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El 26 de noviembre de 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, se reunió con una comitiva de autoridades de Italia para coordinar acciones y fortalecer la capacidad investigativa y judicial de Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.
El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, señaló hace pocos días, también, que Ecuador necesita una ley antimafia para avanzar en la lucha contra el crimen y las mafias, pues sería una herramienta más contundente para avanzar y permitir que cuando el Bloque de Seguridad aprehenda a criminales se queden donde deben estar.
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Para elaborar el proyecto se mantuvieron reuniones técnicas con el acompañamiento del frente de seguridad del Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Análisis Financiero Económico y la Fiscalía General del Estado. El proyecto también se nutre de la experiencia que se mostró en el primer foro internacional de seguridad y justicia antimafia, que se desarrolló en Quito en el mes de marzo pasado.
En ese foro la vicepresidenta Mishel Mancheno reveló las líneas generales que contendrá el proyecto antimafia, pues a su criterio, se necesitan herramientas de carácter permanente para investigación patrimonial, para un decomiso ampliado, afectación de cadenas de valor ilícitas, desarticulación de las estructuras criminales, protección de testigos y coordinación institucional, orientadas a que se pueda debilitar de manera sostenida la capacidad económica, logística y territorial de estas organizaciones criminales.
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El proyecto de ley antimafia tomará como referencia los modelos de Italia; como el artículo 416 del Código Penal italiano, relacionado con la asociación de tipo mafioso, en la que se requieren tres o más personas y un vínculo estable, y se caracteriza por utilizar la intimidación, el sometimiento y el silencio obligatorio, como cometer delitos, controlar actividades económicas y obtener beneficios ilícitos.
Según la legisladora Mancheno, el proyecto no se limita solamente a aumentar penas, sino que reorganiza el marco jurídico para que el Estado pueda golpear y administrar con rapidez los activos que sostienen a las mafias.
El proyecto se articula en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, sitúa las finanzas criminales en el centro de la política antimafia, bajo la premisa de que combatir a estas organizaciones implica debilitar su base económica; es ahí donde realmente se las desarma y se logra avanzar de manera efectiva.
En segundo lugar, establece principios claros para la actuación del Estado y el uso de la fuerza frente a los grupos criminales. Esto responde a una realidad recurrente: tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional operan con limitaciones normativas que no se ajustan a la urgencia ni a la complejidad de los desafíos en materia de seguridad.
Propone una reestructuración integral de la política criminal y de la coordinación institucional, de modo que los ámbitos de seguridad, justicia, inteligencia, economía y gestión de bienes funcionen de manera articulada, como un solo sistema coherente y eficaz.
Por ello, resulta indispensable consolidar un sistema integrado que elimine vacíos legales y reduzca los márgenes de error en la actuación estatal, especialmente considerando que muchos operativos se ejecutan en contextos de alta urgencia y presión.
En ese marco, según la asambleísta Mancheno, es fundamental desarticular las finanzas de los grupos de delincuencia organizada, porque el poder de las mafias se sustenta en su capacidad para generar, ocultar y reinvertir recursos ilícitos; por tanto, afectar ese circuito económico es clave para debilitarlas de manera efectiva.
La propuesta, dijo la autoridad, debe estar enfocada en tres ideas centrales. La primera es, lo que utilizan en Italia, pasar de una lógica de un caso penal individual a una lógica de ataque al sistema económico criminal.
De igual forma, cerrar los vacíos operativos entre la incautación policial o militar y la actuación que tiene la Fiscalía frente a esto y de la entidad de gestión de bienes en este caso inmobiliario. Se deben cerrar todas estas brechas para que fluya entre todas estas instituciones cuando se incautan los bienes, porque actualmente sí lo pueden hacer, pero bajo la figura de medidas cautelares.
Y la tercera, fijar una lista de bienes y lugares que se presumen objetivos legítimos de intervención, porque a criterio de Mancheno, muchas veces sabemos que hay es un objetivo militar, este grupo de delincuencia organizada, pero ¿y qué pasa con sus bienes? ¿Qué pasa con sus centros de acopio? ¿Qué pasa con su maquinaria que generalmente la usan en la minería ilegal?
Los depósitos, las rutas, la logística, eso también tiene que estar en un listado en el que, por supuesto, con un informe sustentado de inteligencia puedan ser objetivos legítimos de intervención por parte del Bloque de Seguridad, es decir, de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional.
Con el marco jurídico vigente compuesto por el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Seguridad Pública y del Estado y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el Estado cuenta con herramientas relevantes para ejecutar operativos contra la delincuencia organizada. Sin embargo, estas disposiciones operan de manera fragmentada y carecen de una articulación integral, señaló Mancheno.
Si bien estas normas contemplan sanciones para el crimen organizado y habilitan mecanismos como las medidas cautelares reales y la extinción de dominio, no configuran un régimen orgánico específico orientado a combatir las economías criminales. En la práctica, agregó, esto se traduce en la ausencia de reglas claras y unificadas para la actuación del bloque de seguridad y de la fuerza pública, así como en debilidades en los procesos de incautación, clasificación y gestión de bienes. El resultado es una arquitectura de política criminal aún insuficiente frente a la complejidad y dinamismo de las estructuras delictivas.
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