Unidad Popular demanda inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad en la Corte Constitucional

A la Corte Constitucional (CC) llegó una segunda demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional de iniciativa gubernamental, porque contraría derechos constitucionales, aseguran los demandantes. El director nacional del Partido Unidad Popular (PUP), Geovanni Atarihuana , junto con varios líderes de la organización acudieron este viernes, 20 de junio, hasta la Corte Constitucional en Quito, para ingresar una acción pública de inconstitucionalidad a la Ley de Solidaridad Nacional, publicada el 10 de junio en el Registro Oficial. Atarihuana argumentó que la normativa implantaría un régimen autoritario, paralelo y contrario a la Constitución. “Con el pretexto de combatir la delincuencia se pretende concentrar en el presidente de la República un régimen que viola derechos y libertades de la población. Se quiere militarizar el país, cometer abusos contra opositores políticos, activistas sociales, líderes indígenas y campesinos y, en general, para criminalizar la pobreza”, expresó. Ejemplificó que con base en este articulado, los jóvenes podrían ser catalogados como sospechosos por su vestimenta, color de piel, condición social y económica, lo que “dará carta libre para detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, como el indulto diferido, que es un llamado a la impunidad para que existan abusos policiales y militares”, afirmó. En los próximos días, adelantó Atarihuana, presentarán otra demanda de inconstitucionalidad, pero en contra de la Ley Orgánica de Inteligencia, vigente desde el 11 de junio. La Ley de Solidaridad se aprobó el 7 de junio de 2025 en la Asamblea Nacional, con los votos de una mayoría oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), en la que se incluyeron disposiciones que regulan las actuaciones de las autoridades y de la fuerza pública en el marco del denominado conflicto armado interno. Según el gobierno de Daniel Noboa Azín , la calificación de económica urgente se debe a que fija incentivos tributarios para aquellas empresas privadas que realicen donaciones de equipos a las instituciones que trabajan en la lucha contra el crimen organizado. En la Corte Constitucional se ingresó una primera demanda el 13 de junio anterior, por una persona identificada como Gabriel Salvador Lema, que, tras el sorteo, recayó en el despacho de la jueza Teresa Nuques. Según los procedimientos de la Corte, la demanda de Unidad Popular podría acumularse. Geovanni Atarihuana precisó que no solicitaron que se dicten medidas cautelares para suspender provisionalmente la aplicación de la norma, pero sí hicieron un llamado a los jueces constitucionales a que se resuelva con urgencia. (I)

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