Por tercera ocasión, la bancada de Revolución Ciudadana (RC), a través de los asambleístas Luis Fernando Molina y Héctor Rodríguez, oficializó un pedido de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por supuesto incumplimiento de funciones.
A diferencia de las dos peticiones anteriores, esta vez se suman más firmas, otra acusación y se extiende a seis el número de consejeros que son acusados en este proceso.
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La RC reunió 53 firmas de apoyo de manera física mientras sesionaba el pleno de la Asamblea Nacional este martes, 27 de enero.
Las acusaciones tienen relación con irregularidades en la conformación de la comisión encargada de la selección para designar al fiscal general del Estado y de la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura.
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Los consejeros del CPCCS interpelados son Andrés Fantoni Baldeón (presidente del organismo), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero, Piedad Cuarán y Roberto Gilbert.
Las dos primeras peticiones de juicio fueron rechazadas porque supuestamente tenían inconsistencias; y en el segundo caso, además, se sumó que el interpelante no había firmado.
Actualmente está en trámite el juicio político contra el titular de la Judicatura, Mario Godoy, también planteado por el correísmo, por supuestas injerencias en jueces y servidores judiciales.
El asambleísta Luis Fernando Molina y su coideario, Héctor Rodríguez, recogieron 53 firmas de sus compañeros de bancada para respaldar la solicitud de juicio que ingresó este martes 27 de enero.
Molina explicó que las acusaciones no solo responden a irregularidades en la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, sino también por el concurso de Fiscal General del Estado, “donde el CPCCS, cambió las reglas de juego porque no les convenía los veedores”.
Explicó que el 25 de junio de 2025, el CPCCS, se “inventó” una reforma al reglamento del concurso de Fiscal del Estado, esto para cambiar los requisitos de veedores y tener los que ahora tienen; y que cuando se hizo el reclamo el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, lo “único que hace es esconderse detrás de un micrófono y detrás del blindaje de ADN para no darle la cara al país”, reclamó.
En este proceso, según Molina, pedirá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que la sesión donde se conozca la solicitud de juicio político sea pública, para que el país conozca quien blinda al CPCCS.
Roberto Gilbert Febres Córdero será parte del grupo de consejeros del CPCCS, señalados para este juicio político, porque aprobó con su voto la conformación de una nueva comisión veedora para el concurso del Fiscal del Estado.
Héctor Rodríguez comentó que el CPCCS le debe transparencia, probidad y honestidad en los concursos para designar a las autoridades de control. Dijo que esta vez el CAL, no le hará el “tonto” al país frente a la solicitud del juicio político.
El legislador Molina advirtió a ADN, que el haber iniciado una fiscalización al concurso de designación del Fiscal General del Estado en la Comisión de Garantías Constitucionales, no bloquea un pedido de juicio político, porque son procesos independientes. (I)