La organización del concurso público para la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) está retrasada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); y a la par se enfrenta un aprieto legal en la Corte Constitucional (CC) por cómo está conformado el actual pleno de los cinco jueces.

En abril del 2022 se cumplen los primeros tres años en funciones de tres jueces principales y cinco suplentes que fueron designados para esos cargos el 10 de abril del 2019 por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) que lo presidió Julio César Trujillo (+).

Fueron elegidos como principales: Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri Llanga y Fernando Muñoz Benítez; como suplentes: Wilson Ortega Caicedo, Ivonne Coloma Peralta; Patricio Maldonado Benítez, Richard González Dávila y Roosevelt Cedeño López.

Publicidad

La resolución emitida en ese entonces, enfatizó que la designación se hizo para el periodo y renovación que determina el artículo 220 de la Constitución. Es decir, que el Tribunal se conforma por cinco jueces principales que estarán en funciones por seis años; y se renovará parcialmente cada tres años: dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente.

Tres consejeros de Participación Ciudadana plantean demanda que les permita participar en próximas elecciones

Por lo que en abril debería efectuarse la primera renovación parcial de dos jueces principales y dos suplentes. Sin embargo, hay dos jueces en funciones, Patricia Guaicha y Arturo Cabrera, que culminarían las funciones que las venían asumiendo en remplazo de dos exautoridades electas para el periodo 2012-2018.

Esta incertidumbre jurídica surgió después de la evaluación que realizó el transitorio a la gestión del TCE y que concluyó con la cesación en funciones de los exjueces del periodo 2012-2022, Mónica Ayala, Vicente Cárdenas y Miguel Pérez Astudillo, este último “estaba en funciones prorrogadas”, según consta en la resolución.

Publicidad

Pero el CPCCS-T no cesó al juez Arturo Cabrera porque “justificó el cumplimiento de sus funciones” y a Patricia Guaicha, porque no fue parte de la evaluación, pues ella se principalizó el 15 de mayo del 2018, posterior a la resolución de evaluación. Los dos magistrados son en el actual pleno del Tribunal presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Esto produjo que el CPCCS enfrente una demanda por acción de incumplimiento en la Corte Constitucional planteada por el colectivo Acción Jurídica Popular.

Publicidad

Este colectivo exige que se den por terminadas las funciones de Arturo Cabrera y Patricia Guaicha, que remplazaron a Patricio Baca y Patricia Zambrano, que según los demandantes, concluyeron sus funciones el 14 de junio del 2018.

Explican que Cabrera remplazó a Zambrano el 23 de noviembre del 2016, luego de su renuncia. Ella fue nombrada en junio del 2012 para un periodo de seis años que concluyó en el 2018.

CNE terminó su primer tercio de gobierno bajo la duda de cuándo se renovará a cuatro de sus consejeros

Mientras que Guaicha remplazó a Baca, quien también renunció en mayo del 2018, y que terminaba sus funciones en ese año.

Según los documentos que reposan en la Corte, Guaicha había solicitado al CPCCS transitorio en el 2018, que se “determine hasta cuándo estaría en funciones o cuándo debería ser remplazada en el cargo”, pues reconoció que remplazó a Baca, quien había cumplido su periodo de seis años.

Publicidad

El pasado 27 de septiembre, la jueza ponente de la causa, Karla Andrade realizó la audiencia pública sobre esta acción a la que acudieron las partes, pero hasta el momento no se ha emitido la sentencia.

Esto mientras en octubre del 2019, durante la presidencia del exconsejero Christian Cruz en el Consejo de Participación Ciudadana, se resolvió que Guaicha y Cabrera se mantendrían en funciones hasta abril del 2022.

Jueces del TCE continuarán en sus funciones hasta 2022

Para esto, se acogieron a un informe jurídico interno que recomendaba alinearse al dictamen de la Corte Constitucional, que concluyó que las decisiones del transitorio no pueden ser revisadas, en referencia a la designación de autoridades de control.

Bajo este escenario, el CPCCS está a la espera de conocer el fallo de la Corte, pues hasta el momento no ha determinado cuántas autoridades deberá designar.

El pasado 13 de octubre, por resolución del pleno, se dispuso a la Coordinación Jurídica que elabore el proyecto de reglamento para efectuar la renovación parcial del TCE mediante concurso público de oposición, méritos e impugnación ciudadana.

El vicepresidente David Rosero indicó que el borrador del texto estaría listo para conocimiento de los siete consejeros en este mes (diciembre), y se contemplaría para designar a dos jueces electorales principales y dos suplentes, en cumplimiento del artículo 220 de la Constitución.

La terminación del periodo de los jueces, tanto principales como suplentes, se definirá mediante un sorteo público, cuya metodología aún se desconoce.

En todo caso, el proceso de renovación tomaría entre seis o siete meses en desarrollarse, pues primero debe conformarse la comisión ciudadana de selección, que elegirá a su vez, a los nuevos magistrados.

Nueva estructura del Consejo Electoral sujeta a los resultados del sorteo que definirá a los consejeros salientes

Por lo que de acuerdo con el calendario interno, no estarían designados hasta abril del 2022, y el TCE se enfrentaría a una situación similar a la del Consejo Nacional Electoral (CNE), que debía renovar a dos vocales principales y suplentes en noviembre pasado, pero debido al retraso en la organización del concurso, se mantendrán en funciones prorrogadas.

Esto, mientras la Función Electoral, de la que es parte el CNE y el TCE, se alista en febrero próximo a iniciar el periodo electoral para la organización de los comicios seccionales del 2023, en los que también se elegirán a los siete vocales del CPCCS por voto popular. (I)