El informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que recomienda conceder 269 amnistías corre el riesgo de anular su trámite en el pleno de la Asamblea Nacional porque las firmas que respaldaban el documento fueron entregadas tres días después del plazo establecido en la norma.

El plazo para entregar el documento en la presidencia de la legislatura venció el 11 de febrero, y ese día el presidente de la Comisión, José Cabascango (Pachakutik), presentó el informe sin las firmas de los integrantes de la Comisión que lo aprobaron, y recién lo hizo el 14 de febrero.

Esa acción, para el asambleísta Fernando Villavicencio (CN-PSE), anula todo el proceso de trámite sobre las más de 300 solicitudes de amnistías e indultos presentadas por activistas y dirigentes sociales e incluso los casos de la actual prefecta, Paola Pabón, y del asambleísta parlamentario Virgilio Hernández, procesados por el delito de rebelión.

Según los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, el 80 % de las 269 amnistías aprobadas correspondería a casos relacionados con defensores de los derechos de la naturaleza, derechos humanos y derechos colectivos. Los demás casos se referirían a los hechos de octubre de 2019.

Los 269 pedidos de amnistías aún no tienen votos ni fecha para ser aprobados en la Asamblea Nacional

Se solicitó la versión del presidente de la Comisión, José Cabascango, pero no hubo respuesta. Según el legislador Gruber Zambrano (BAN), miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, la responsabilidad sobre la formalización del informe recae sobre el presidente de la mesa legislativa.

Zambrano en la reunión previa a la aprobación del informe planteó que se solicite a la presidenta de la Asamblea una prórroga de 20 días debido a que faltaba documentación de parte de la Fiscalía sobre los casos en estudio, pero que los delegados de Pachakutik y UNES, en la mesa, no dieron paso a su moción.

Según este legislador que representa a Santo Domingo de los Tsáchilas, en el tema de las amnistías pasó lo mismo que en el caso Pandora Papers, la mesa no tenía suficientes pruebas y se debían esperar los expedientes de la Fiscalía General del Estado para valorar quién merecía la amnistía o el indulto; el “apuro trae cansancio, pues siempre dije que se debe esperar, porque no se puede amnistiar a quien secuestró y destruyó la ciudad de Quito, donde hubo muerte y secuestro”.

Zambrano reiteró que los integrantes de la mesa no esperaron la información de la Fiscalía porque no quieren conocer la verdad de los hechos, pero los asambleístas apurados el 11 de febrero presionaron la aprobación del informe y el asambleísta José Cabascango “entregó ese documento únicamente con su firma, recién el 14 de febrero me llamaron para que firme, y luego el presidente de la Comisión hizo un anexo con las firmas de los asambleístas, lo cual no es legal o no está sustentado en la norma”.

Es la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien debe resolver este caso y el asambleísta Cabascango, enfrentar la situación, a criterio de Zambrano.

La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad la integran José Cabascango, Édgar Quezada, Mario Ruiz Jácome y Sofía Sánchez (Pachakutik); Victoria Desintonio, Paola Cabezas y María Fernanda Astudillo (UNES); y, Virgilio Saquicela y Gruber Zambrano (BAN).

Pedido de investigación

Las bases del movimiento indígena e incluso las bases del correísmo tienen que saber lo que acaban de hacer sus líderes en la Asamblea Nacional con los pedidos de las amnistías que quedarían sin validez jurídica, porque el informe que debió presentarse el 11 de febrero no tenía firmas de los legisladores que aprobaron ese documento, sostuvo el asambleísta Fernando Villavicencio.

Que personalmente está de acuerdo con las amnistías para los campesinos y gente de base que se movilizó en octubre de 2019, pero no para los líderes que pretenden camuflarse y beneficiarse de estos procesos, y lo que hizo la Comisión presidida por José Cabascango es darles la espalda a sus propias bases, dijo Villavicencio.

Además, consideró que por estar ocupados en conspirar se olvidaron de cumplir los plazos y remitieron el día 11 de febrero el informe de amnistías, pero sin las firmas de los legisladores de la Comisión, lo cual configura que nunca se presentó el documento. Tres días después, el 14 de febrero, fuera de tiempo, presenta el mismo legislador el documento con las firmas.

Villavicencio insistió en que la presentación tardía de las firmas invalida el informe y que Cabascango, quien prometió a sus bases el trámite de las amnistías, cometió un acto ilegal. Y según el legislador nacional, los demás integrantes de la Comisión legislativa también deben responder, porque ellos firman tres días después pese a que sabían que el plazo había precluido.

Por ello, pidió a la presidenta de la legislatura que disponga una investigación sobre la actitud del presidente y de los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales. Para ello se tendrá que establecer una sanción.

Para el representante del sector oficialista en el Parlamento, Juan Fernando Flores, los pedidos de amnistías se cayeron en la Asamblea Nacional por la falta de firmas en el informe, por lo que el pleno de la legislatura no podría conocerlos.

Sin embargo, la asambleísta del ala rebelde de Pachakutik Patricia Sánchez consideró que el informe de las amnistías ya ingresó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que las formalidades no pueden poner en riesgo el trámite de una petición de justicia de cientos de líderes sociales.

Sostuvo que los argumentos de Villavicencio continúan en la misma línea de desesperación en que se encuentra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y lo que cabe es que el informe se incluya en el orden del día y el pleno resuelva.

Sánchez dijo que el informe cumple con la formalidad principal que es la firma del presidente y la secretaria de la Comisión e insistió en que ese documento debe ir a conocimiento del pleno, de lo contrario será una más de las incongruencias que cometería Guadalupe Llori.

El coordinador del bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, advirtió que si existe un incumplimiento de plazos en la presentación del informe se entraría a un limbo, y dijo que el presidente de la mesa tendría que ser sancionado con base en la ley de la Función Legislativa.

Manifestó que las amnistías no podrían ponerse en riesgo y se tendrá que buscar entre todos los asambleístas una salida, que esto ya no pasa por discrepancias políticas y en ese caso todos los legisladores de Pachakutik cerrarán filas. (I)