Sí es posible la eliminación del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, y esa es una atribución de la Función Legislativa, afirmó la presidenta de ese organismo, Jeannine Cruz, al comparecer ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

Cruz fue convocada para presentar sus observaciones al proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Comunicación que analiza esa comisión a partir de la propuesta planteada por el Ejecutivo el pasado 25 de mayo.

Las observaciones que realizará el Consejo al proyecto se centran en tres ejes, reveló la funcionaria: reforzamiento de la normativa internacional en materia de libertad de expresión; autorregulación; y, la eliminación del organismo.

Respecto al reforzamiento de la normativa internacional sobre libertad de expresión, destacó que la Ley del Ejecutivo recoge al menos varios principios de la normativa supranacional.

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Sobre la autorregulación, Cruz comentó que no es un tema nuevo, pues existen códigos deontológicos en los medios de comunicación, hay consejos editoriales y defensores de audiencias para elevar alertas ante eventuales violaciones de derechos. Que la autorregulación parte también del compromiso de los periodistas y desde la responsabilidad ulterior.

Gobierno insistirá en la autorregulación de los medios en la nueva Ley de Libertad de Expresión

Respecto al Consejo de Comunicación, Cruz se refirió al contenido de la pregunta 9 de la consulta popular del 2011, y manifestó que la norma creó una obligación a la Asamblea del 2011 a que apruebe una Ley de Comunicación donde haya un Consejo de Regulación; pero un dictamen de la Corte Constitucional se refiere a la necesidad de regular la actividad de los medios de comunicación, pero nunca establece las razones de la institución.

Por lo tanto, la eliminación del Consejo de Regulación es posible, afirmó la presidenta, porque la obligación que el pueblo estableció de la creación de este ya fue cumplida por la Asamblea del 2011 y en el 2009 en la reforma, por lo que el mantener o no esta institución es una atribución de la Función Legislativa en el marco de la libertad de configuración que tiene el legislador.

Por consiguiente, se requiere establecer un mecanismo de transición para poder garantizar los derechos de los trabajadores y las obligaciones judiciales, administrativas y civiles que la institución tiene.

Además, dijo que en un artículo que se dejaría vigente en la nueva Ley de Comunicación existen cuatro artículos que hacen referencia expresa al Consejo de Comunicación, elemento que debe ser tomado en cuenta si el legislativo asume la propuesta de eliminación.

Como observaciones generales, Cruz dejó para el debate la eliminación del término “medios web”, dentro del derecho a la réplica, porque en el ámbito de la aplicación se debe definir a los medios de televisión, audio e impresos.

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En torno a la rectificación, planteó que se incorporen los estándares definidos por la Corte Constitucional en una sentencia del 2019.

Sobre los derechos a obtener copias de programas o impresos, la representante del Consejo invitó a los legisladores a definir el tiempo que tienen los medios para mantener sus archivos; igualmente, señaló que la Ley debe definir lo que se entenderá por medio de comunicación, así como las definiciones de medios de comunicación, públicos, privados y comunitarios, pues el artículo 384 de la Constitución establece el sistema de comunicación social.

Respecto al registro de medios, Cruz indicó que al 2021 existen 1.451 medios de comunicación registrados, de los cuales 83 son comunitarios; 1.283 privados; y, 85 medios públicos. En torno a las agresiones hacia la prensa desde diciembre del 2020 al 18 de abril de 2021, se determinan que hubo 47 periodistas agredidos y 9 medios de comunicación. La mayoría de las agresiones fueron a periodistas de medios privados. Entre las agresiones que más cuentan están las físicas, amenazas, ciberacoso, censura y obstrucción del trabajo periodístico.

Del lado de los legisladores, la representantes de UNES, Marcela Holguín, y Ángel Maita, de Pachakutik, señalaron que no están de acuerdo con la autorregulación de los medios.

Maita indicó que es necesario mantener el Consejo, pues se necesita de un organismo que regule los abusos que cometen los medios y periodistas.

Holguín increpó a Cruz, y dijo que ella como presidenta del organismo debería ser la primera en defender las atribuciones de este y además por ser un mandato constitucional del 2011.

También Marjorie Chávez (PSC) dijo que se tendría que establecer nuevas atribuciones a la entidad, y resaltó que la permanencia de aquel está regulada por los resultados de una consulta popular.

La asambleísta Paola Cabezas (UNES) se refirió al informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), en el que se señala que el proyecto afecta a los derechos a la libertad de expresión y comunicación; desconoce el artículo 384 de la Constitución al derogar el sistema de comunicación social; afecta la seguridad jurídica y garantías normativas al no contemplar la pluralidad y diversidad en la comunicación, así como la prevalencia de contenidos educativos y culturales.

Dijo que en el informe se señala la ausencia de regulación y limitación al derecho a la libertad de expresión, excesivo énfasis en los medios de comunicación y actividad periodística, dejando a un lado los derechos de las audiencias. Que advierte posible contrariedad entre la autorregulación de los medios con el artículo 384, al no permitirle al Estado el establecimiento de las políticas de comunicación.

Cabezas reclamó que la propuesta del Ejecutivo está elaborada desde la mirada de los medios de comunicación y periodistas, pues no aborda nada sobre las audiencias. (I)