Las deudas vencidas por créditos educativos y que están en proceso de coactiva, hasta mayo del 2023, ascienden a $ 69′458.421,85, valor que representa a 6.254 operaciones, estima la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
De este total, más del 60 % corresponde a operaciones que no tienen vigente un convenio de pago, lo cual implica la continuidad de la sustanciación del proceso coactivo, la imposición de medidas cautelares (como embargos de bienes o cuentas) y el incremento de la deuda.
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En este porcentaje están 3.922 ciudadanos que para poder suscribir un convenio de pago necesitan presentar una garantía hipotecaria, lo que dificulta que se efectúe el acuerdo, pues en el contexto económico y social actual del país muchas personas no poseen un bien inmueble que les permita acceder a un convenio de facilidades del pago.
Otras 15.000 personas constan en los registros de la Senescyt como cartera de recuperación normal, lo que equivale alrededor de $ 200 millones. No obstante, estas personas a futuro tienen una posibilidad latente de enfrentar un proceso coactivo si no llegan a cumplir con sus obligaciones de pago.
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Esta información se contempla en el decreto ley de urgencia económica denominado Beneficio de los ciudadanos en coactiva por créditos educativos, que presentó el presidente de la República, Guillermo Lasso, este 4 de julio del 2023. Es el tercero que envía a la Corte Constitucional (CC) desde que dictó la muerte cruzada, con lo cual disolvió el Parlamento y adelantó las elecciones presidenciales y legislativas.
Según la Constitución, el primer mandatario podrá, previo dictamen favorable de la CC, expedir decretos leyes de urgencia económica; el documento ya se remitió a dicho organismo para su respectiva evaluación.
Gobierno suscribió decreto ley en beneficio de los ciudadanos en coactiva por créditos educativos
El proyecto tiene como objetivo dar un alivio económico a quienes adeudan créditos estudiantiles y están en situación de vulnerabilidad social y económica, según Lasso.
Mediante la iniciativa se pretende brindar la remisión, condonación, ampliación de plazos y condiciones adecuadas para la firma de un convenio de pago para las personas que se encuentran en procesos coactivos.
Además se contempla la eliminación del 100 % de intereses, multas y recargos para créditos educativos, becas y ayudas económicas por obligaciones vencidas o por convenios de pago para todos los procesos coactivos.
De aplicarse el proyecto de ley, se estima un impacto en la cartera coactiva de $ 1,5 millones; por la remisión de intereses, $ 19,8 millones; y, por condonaciones de deudas, $ 360.000; lo que abarcaría una reducción de alrededor de $ 21 millones en la cartera coactivada.
Con ello se pretende la recaudación de alrededor de $ 49,6 millones más los intereses de convenios de pago, señala el decreto ley de Lasso. (I)