La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional manifestó su profunda preocupación ante el contenido del primer informe del proyecto de Ley de Integridad Pública, que plantea reformas a normas sobre contratación pública y servidores estatales, pero que también incluye modificaciones relacionadas con la responsabilidad penal de menores infractores.
El organismo legislativo considera inaceptable que en una normativa centrada en la contratación pública y servidores públicos se introduzcan cambios que alteren la responsabilidad penal de los adolescentes infractores, sin haber realizado un estudio integral que contemple criterios jurídicos, sociales, psicológicos y técnicos.
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“Es inaceptable que desde una propuesta de ley sobre contratación pública y servidores públicos se pretenda modificar la responsabilidad de los adolescentes infractores”, detalló la Comisión en su comunicado.
A juicio de la Comisión, tratar estos temas en espacios legislativos ajenos al enfoque de niñez y adolescencia pone en riesgo las garantías alcanzadas en materia de derechos infantiles.
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“Cualquier propuesta legislativa que incida en los derechos de niñas, niños y adolescentes sea conocida y debatida en esta Comisión Especializada”, sostiene el pronunciamiento oficial, amparado en el artículo 21, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Además, el organismo reiteró su compromiso con la defensa del interés superior del niño, e hizo un llamado de alerta a la sociedad civil y a las entidades nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, frente al posible retroceso que implicarían estas disposiciones para la niñez y adolescencia del país.
“Alertamos a la ciudadanía y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre el riesgo que implica retroceder en garantías ya consolidadas para la niñez y adolescencia del país”, dice el comunicado.
Este debate legislativo se da en un contexto marcado por la reciente instalación del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos delincuenciales, liderado por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg.
Durante la sesión inaugural, realizada el 17 de junio, se aprobaron resoluciones clave como la adopción de una estrategia nacional contra el reclutamiento forzado y la presentación de un plan de acción en un plazo de 30 días. (I)