El juez anticorrupción Carlos Serrano ratificó haber recibido presiones por parte de Henry Gaibor, exfuncionario judicial cercano al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, en tanto que el juez Christian Fierro afirmó que fue suspendido tras dictar sentencia en el caso Euro 2024, que condenó a diez años de prisión por lavado de activos al serbio Jezdimir Srdan.
Ambos testimonios son clave dentro del juicio político que sigue el correísmo en la Asamblea Nacional contra Godoy, cuya etapa de exposición de pruebas de cargo y de descargo concluirá el próximo martes 10 de febrero. Luego, la Comisión de Fiscalización que procesa el pedido tendrá cinco días para presentar un informe.
La mesa legislativa se reinstaló este viernes 6 de febrero de 2026, a las 11:00, y de manera inmediata se abrió un nuevo altercado entre el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, y el grupo de legisladores correístas que plantean el juicio.
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Esto es porque Álvarez pretendía dejar para después la comparecencia de Serrano y Fierro, y que primero se escuchen dos testimonios que quedaron pendientes en la sesión del jueves 5 por reclamos de los interpelantes. El tema no prosperó por mutuo acuerdo y se dio paso a la comparecencia de Serrano.
En los cuatro días de testimonios participó también el acusado, Mario Godoy, acompañado de su abogado, Stalin Raza, quienes interrogaron a los testigos e hicieron aclaraciones.
La exposición de Carlos Serrano se centró en tres hechos: omisiones de parte de la presidencia del Consejo de la Judicatura para garantizar independencia, omisiones para garantizar la seguridad de los jueces y presiones por parte de Henry Gaibor, amigo cercano del acusado y a quien nombró director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha.
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Serrano inició su testimonio señalando que “en noviembre de 2025, el señor Henry Gaibor ejerció presión sobre mí respecto al proceso Euro 2024″.
Dijo que el 20 de noviembre del 2025 se emitió la decisión oral del caso Euro 2024. En aquella decisión, el tribunal condenó a todos los acusados, entre ellos, el ciudadano serbio Srdan.
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En aquel evento, esa persona hizo una gesticulación, y según el parte policial de su seguridad, “bajó su dedo hacia la parte inferior de su garganta y luego lo deslizó horizontalmente sobre el cuello, evidenciando una señal alusiva a una posible amenaza de muerte”.
Indicó que el 2 de diciembre de 2025, el Ministerio del Interior retiró su seguridad, y dijo: “Me sentí completamente desprotegido. Se me enfrió el cuerpo”. Su vida estaba en peligro, y tuvo que tomar medidas propias, y sus custodios le hicieron algunas recomendaciones de seguridad y de protección básicas.
Serrano dijo que el retiro de la seguridad le llamó la atención porque el 27 de noviembre fue notificado con un informe sobre el análisis del riesgo en el que consta que el riesgo aumentó dos puntos. Y a pesar de ello, le quitaron la seguridad.
Dijo que el 3 de diciembre solicitó la restitución de su seguridad al director provincial del CJ, Henry Gaibor, con copia a Mario Godoy, presidente del CJ; anotó que el oficio lo marcó como urgente, y nadie se puso en contacto con él y tampoco recibió una visita en su oficina, ni ninguna llamada para protegerlo.
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Indicó que en el oficio aportó con evidencia del coche bomba y de las gesticulaciones que realizó el condenado en el caso Euro 2024. Es decir, “el presidente del Consejo de la Judicatura conocía mi estado de vulnerabilidad desde el 3 de diciembre de 2025”, apuntó.
Serrano en su relato señaló que el 4 de diciembre de 2025, encontrándose “completamente desamparado y con total temor de perder la vida”, presentó su renuncia.
Dijo que hasta el 15 de diciembre del 2025 no le restituían la seguridad, por lo tanto, decidió salir del país para precautelar su vida. Dos días después notificó al Consejo de la Judicatura que no asistiría más a laborar para garantizar su vida. Y aunque Mario Godoy señale que por la vía regular solicitó al Ministerio del Interior que retornen su seguridad, “eso es una acción aislada y que no da cuenta de su interés para protegerme como servidor judicial”.
Dijo que llamó la atención que el 5 de enero del 2026, el presidente del CJ, Mario Godoy, acudió a la Asamblea Nacional, pero no fue a defenderlo como víctima de la violación de la independencia judicial. “No acudió a decir que se ha quebrantado la independencia judicial, tampoco acudió a decir que un funcionario que depende jerárquicamente de él ejerció presión en mi persona, sino más bien puso en duda aquello”.
Dijo que se le otorgó teletrabajo, con el fin de que instale la audiencia del caso Triple A, cuyo proceso judicial se adelantó al 24 de diciembre, extrañamente.
Lo más ‘de Ripley’ que sucedió, añadió Serrano, es que se hizo entender que se había coludido con algún partido político, con algún sujeto procesal para generar esta crisis de la Función Judicial, al Consejo de la Judicatura, “lo cual es completamente falso y es lo último que se podía haber dicho, en vez de proteger a la víctima”.
Señaló que actualmente se encuentra vinculado al Consejo de la Judicatura. Y “digo lamentablemente porque ya presenté mi decisión de desvincularme hace mucho tiempo. Y espero que en los próximos días se me acepte”.
Aclaró que Mario Godoy, en la comparecencia del 5 de enero, en la Asamblea hizo alusión a que ha sufrido mucho él y su familia; pero dijo: “Yo quisiera informarle que aquel sufrimiento es mínimo frente al sufrimiento que yo he tenido. Estoy exiliado fuera del país, estoy en un país extraño a mis costumbres. Estoy intentando comenzar desde cero. Tengo temor de perder mi vida porque la organización criminal, y no solo esta a la que me refiero, sino las otras podrían terminar en cualquier momento con mi vida. Y sobre todo el caso Euro 2024, el principal sancionado en aquel proceso ha sido llamado o juzgado por varios países. Y eso quiere decir que el alcance criminal no se limita a Ecuador”.
Afirmó que ha pedido protección a organismos internacionales, que se separó de su familia, pero que nunca tuvo respuesta del Consejo de la Judicatura. Todo esto vulnera la independencia judicial, anotó.
Se debe tomar en cuenta que cuando “presiona a alguien del Consejo de la Judicatura, esa persona pertenece a una organización; no es una persona aislada, esa persona obedece a una organización porque pudo presionarme en función del cargo que cumple y el cargo que cumple tiene relación con el superior jerárquico que tiene la obligación de controlar que no hayan existido presiones porque tiene la obligación de velar por garantizar la independencia judicial”, indicó.
Dijo que estos hechos de presión no son aislados, son hechos que se dan por intermedio de una organización jerarquizada y formalizada que tiene responsabilidades más allá del individual.
Tras las revelaciones del juez Serrano, los asambleístas acusadores que pertenecen a la bancada RC renunciaron a hacer preguntas al testigo. Las interrogantes vinieron de los representantes de ADN.
El juez Fierro, en tanto, centró su exposición en la sanción con la suspensión temporal como juez que recibió coincidencialmente dos días después de haber sentenciado en el caso Euro 2024, que condenó a diez años de prisión por lavado de activos al serbio Jezdimir Srdan.
Indicó que luego de entregar todo el esfuerzo intelectual y físico para cumplir con las funciones de juez anticorrupción, sin horarios de trabajo, incluidos los fines de semana, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura de manera veloz, en 48 horas, cuya reconsideración fue solicitada al pleno del Consejo de la Judicatura el 17 de diciembre de 2025, sin embargo, hasta la presente fecha no ha tenido respuesta.
Fierro, en el interrogatorio realizado por los interpelantes, dijo que la suspensión no es legal y que después de ello fue notificado de un sumario administrativo.
Tras la exposición de Fierro, el acusado Mario Godoy intervino para aclarar que una suspensión del juez no constituye una sanción.
Explicó que en temas de régimen disciplinario de la Judicatura “la suspensión no es sanción, hay que dar precisiones jurídicas a los temas”. Las medidas preventivas no constituyen sanción, reiteró.
La legisladora Liliana Durán (RC) pidió que el juez Fierro indique si con la suspensión del cargo también se ordenó el no pago de sueldo. Él señaló que, en efecto, está suspendido tres meses sin sueldo. (I)
