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Juicio político a Fausto Murillo pone a prueba el pacto de RC-PSC-ADN en la Asamblea Nacional

El interpelante Carlos Vera Mora, al iniciar su exposición, señaló que el actual presidente de la República, Daniel Noboa, también firmó el juicio.

Los cabildeos políticos entre RC y PSC no cesaron en el pleno de la Asamblea en su afán de encontrar los 92 votos para censurar y destituir al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Foto: Vicente Ordóñez

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La Asamblea Nacional madrugó a instalar la sesión 907 para dar curso al juicio político al vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo y al exvocal Juan José Morillo, acusados de incumplimiento de funciones.

La sesión plenaria conducida por la correísta Viviana Veloz se instaló antes de las 09:00 y empezó con la lectura del informe aprobado por la Comisión de Fiscalización, que recomendó el juicio político. La lectura del expediente se prolongó por más de cuatro horas.

Hasta el recinto legislativo llegó el vocal Fausto Murillo, acompañado de un grupo de sus colaboradores; en cuanto al acusado Juan José Morillo, hasta las 13:40, en que concluyó la lectura del informe, no llegaba al palacio legislativo. En caso de que no se presente ante el pleno, el exfuncionario sería juzgado en rebeldía.

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Los cabildeos de las bancadas socialcristiana y de la Revolución Ciudadana en la búsqueda de los 92 votos para lograr la censura y destitución de Murillo continuaron durante toda la mañana.

Correístas y socialcristianos presionan al Gobierno por la censura y destitución de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura

El sector del Gobierno, representado en la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), hasta el mediodía no cambiaba su posición de votar en contra de la moción de censura de Murillo; en tanto que el bloque Construye anticipó que se abstendría ante la moción de censura y destitución del actual vocal de la Judicatura. En el grupo de independientes la posición es dividida.

La lectura del informe concluyó a las 13:40 y, de manera inmediata, tomó la palabra el asambleísta interpelante Carlos Vera Mora (PSC) para exponer sus argumentos en la sala por el lapso de dos horas.

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Vera Mora inició su exposición pidiendo a la secretaría de la Asamblea dar lectura al listado de los exlegisladores que firmaron la solicitud de juicio en el anterior periodo legislativo, entre ellos Daniel Noboa, actual presidente de la República, y Esteban Torres, viceministro de Gobierno.

Dijo que equivocadamente se ha señalado que detrás de este juicio político hay un interés político del Partido Social Cristiano (PSC), con el ánimo de tomarse el Poder Judicial, y que esa circunstancia se ajusta en razón de que quien asumiría el cargo en reemplazo de Fausto Murillo sería Elcy Celi, que tendría relación con los socialcristianos. El interpelante señaló que averiguó el origen de Elcy Celi y determinó que tiene tendencia de izquierda.

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Respecto a la responsabilidad política a un posible tráfico de influencias, el interpelante expuso en el pleno un audio en el que se escucha un diálogo entre el exvocal Juan José Morillo, la exvocal Maribel Barreno y el juez Javier Osejo con el propósito de sostener en la presidencia de la Asamblea Nacional a Guadalupe Llori.

Acusaciones

Son cinco las acusaciones que se formulan en este proceso de interpelación y que fueron presentadas inicialmente por los asambleístas Luis Almeida (antes PSC) y Xavier Santos (antes ID), en el anterior periodo legislativo, pero que la actual Asamblea resolvió continuar con el proceso y designó al legislador Carlos Vera Mora (PSC) como el proponente.

Respecto a la imputación al exvocal Morillo de un posible tráfico de influencias, la comisión determinó que el exvocal de la Judicatura incumplió sus funciones por inobservar el artículo 181 numeral 5 de la Constitución, así como varios artículos del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código de Ética de Servidores y Trabajadores de la Función Judicial, todo esto por incidir en los jueces para un fallo a favor de la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori.

Respecto a la imputación de un posible tráfico de influencias, la comisión concluyó que Murillo incumplió sus funciones por inobservar la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de Ética de Servidores y Trabajadores de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal, por cuanto, teniendo la obligación de denunciar y alertar la perturbación a la independencia judicial, omitió hacerlo.

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En torno a la acusación sobre una falta de ejecución del proyecto de homologación salarial, la mesa de Fiscalización concluye que Fausto Murillo incumplió sus funciones al inobservar la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, porque durante su gestión como presidente del CJ no se pudieron evidenciar acciones concretas que resuelvan los nudos críticos que impedían la ejecución del proyecto de homologación salarial. Tampoco logró gestionar la asignación y ejecución de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio judicial. (I)

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