La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera reunirse la próxima semana para retomar el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, acusada por supuesto incumplimiento de funciones respecto a la irrupción en la Embajada de México en Quito ocurrida en abril pasado, falta de gestión y ausencia de un plan efectivo para combatir la inseguridad.
Este proceso de juicio político se reactiva una vez que la Comisión de Fiscalización dio cumplimiento a la sentencia del juez de la Unidad Judicial Penal Édgar Romero, que dispuso a la mesa presidida por Pamela Aguirre (RC) que vuelva a revisar el cumplimiento de requisitos de tres solicitudes de juicios presentados en contra de exministros del gobierno de Guillermo Lasso, y luego de la revisión archivó los pedidos.
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De acuerdo al orden de prelación, el siguiente juicio que debe tramitarse es el presentado por los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas en contra de la ministra Mónica Palencia.
El juicio político a Palencia empezó el 7 de agosto pasado, cuando la mesa de Fiscalización unificó las dos solicitudes de interpelación, y al día siguiente empezó la etapa de prueba de quince días, pero ese plazo fue interrumpido dos veces.
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La primera vez fue el 19 de agosto por efecto de la vacancia legislativa de quince días, por la que, según la normativa, se suspende toda actividad del pleno y de las comisiones especializadas permanentes.
La segunda suspensión fue el 3 de septiembre, cuando la Comisión conoció el dictamen del juez Édgar Romero pidiendo que se revisen los tres juicios archivados y que correspondían a exfuncionarios del anterior gobierno; y como efecto de ello, se suspendía todo trámite de juicios en curso, lo que incluía el proceso contra la ministra Mónica Palencia.
Concluida la revisión de los juicios archivados, la Comisión de Fiscalización retomará el trámite a partir de la etapa de sustanciación de prueba; eso significa que le restan cuatro días a la secretaria de Estado para contestar las acusaciones hechas en su contra. Posteriormente a ello, empezarán las comparecencias de los testigos y la práctica de la prueba, que concluirá con los alegatos de los acusadores y la acusada.
Acusaciones
En la primera acusación presentada en contra de la ministra Mónica Palencia, referente a la irrupción en la Embajada de México en Quito, se narran los hechos registrados desde las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de Ecuador en el 2023 y el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
También cuenta la reacción de Ecuador y la declaración de persona non grata a la embajadora de México en el país, y la posterior decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba refugiado en la embajada desde el 17 de diciembre de 2023.
En la acusación se sostiene que la noche del 5 de abril un grupo de militares y policías denominados “el bloque de seguridad” ingresó a la Embajada de México en Quito, y que el presidente de la República, Daniel Noboa, a través de su ministra del Interior, Mónica Palencia, ordenó una incursión de las fuerzas del orden en la delegación diplomática, hecho sin precedentes en el derecho internacional. El objetivo fue detener al exvicepresidente Jorge Glas, hecho que se produce como respuesta al comunicado oficial del Gobierno mexicano de otorgar asilo diplomático.
Por ello, sostiene que la funcionaria no solo ha incurrido en el incumplimiento de funciones, sino también de manera fehaciente en una violación al derecho internacional público y al derecho constitucional.
Plan Fénix
En torno a la acusación sobre supuesto incumplimiento de funciones en el tema de seguridad ciudadana, la acusación señala que la ministra del Interior a lo largo de 2024 ha hecho referencia a la existencia de un “Plan Fénix”. Para ello, se adjuntan algunas entrevistas en medios de comunicación que revelan varias preocupaciones sobre el plan, entre ellas si el plan existe y es un borrador que no puede presentarse por no estar articulado al Plan Nacional de Desarrollo, y además la participación de las FF. AA. en su elaboración, algo que no está dentro de sus atribuciones generar una política pública de un plan de seguridad integral.
Como sustento de la acusación se incluyen cifras sobre el incremento de las muertes violentas en el Ecuador en medio de un estado de excepción. Para ello, se apoya en publicaciones periodísticas y cuestiona que la información expuesta en el portal del Ministerio del Interior está desordenada, lo que no permite cuantificar ni analizar las variaciones de los homicidios violentos.
Como causales también se responsabiliza a Mónica Palencia por la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el jefe de la banda de Los Choneros. En el expediente se señala que el líder de una de las facciones criminales más peligrosas del Ecuador, quien se encontraba pagando una condena de 34 años desde el año 2021 por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, se fugó de la prisión Regional 8 de la ciudad de Guayaquil el domingo 7 de enero de 2024, justo antes de que el ejército fuera a buscarlo para trasladarlo a una prisión de máxima seguridad. Más de 3.000 uniformados lo buscaron sin éxito.
Fabricio Colón Pico, líder regional de la banda criminal Los Lobos, se fugó el 9 de enero de 2024 de la cárcel en la ciudad de Riobamba.
Por ello, en el expediente se habla de incumplimiento de funciones previstas en Decreto Ejecutivo 381, y sostiene que la ministra del Interior no ha dado información exacta, es decir, no sabe cuándo José Adolfo Macías, alias Fito, el criminal más peligroso del país, se escapó de la cárcel de Guayaquil.
La ministra del Interior, según el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, es quien ejerce la rectoría de la seguridad ciudadana de la institución policial, funciones que no las ha cumplido, no ha existido una correspondiente rendición de cuentas sobre los acontecimientos de relevancia a nivel nacional e internacional, indica el expediente.
En el juicio se señala que Mónica Palencia incumplió funciones al no existir políticas públicas de planificación, activación de protocolos de seguridad, gestión y control de la seguridad nacional.
A esto se suma, según la acusación, que para efectos de este incumplimiento, el Plan Fénix, anunciado como política pública para combatir la situación de inseguridad que atraviesa el país, a decir de la propia ministra, es solo un borrador y no tendría validez jurídica alguna, configurándose dos incumplimientos: el primero, no promulgar política pública en el área en la que ejerce rectoría considerando la lamentable crisis de inseguridad que vive el país; y segundo, se habrían desplegado operativos, acciones o medidas aparentemente sustentadas en un Plan Fénix, el cual resulta que es un documento borrador y no tiene peso normativo alguno. (I)