Jueza rechaza acción de protección a Guadalupe Llori que buscaba evitar la calificación de una denuncia en su contra

La jueza Raquel Herrera, de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, en Quito, rechazó la acción de protección solicitada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en contra de cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), aunque la defensa de Llori anunció una apelación a la decisión judicial.La presidenta Llori, el 14 de abril, presentó una acción de protección en contra de Virgilio Saquicela (antes del BAN), Yeseña Guamaní (ID), Johanna Moreira (ID-R), Darwin Pereira (PK-R) y Ronny Aleaga (UNES), por haber alterado el orden del día de las sesiones del CAL y dar paso a la calificación de la denuncia en su contra presentada por el legislador Esteban Torres (PSC), por supuesto incumplimiento de funciones. Torres cuatro días después presentó un amicus curiae ante el juzgado.La jueza, el 27 de abril, concedió cinco días a las partes para que haya algún tipo de conciliación, la que fracasó, por lo que tuvo que instalar la audiencia de juzgamiento este 10 de mayo. Según los argumentos de la juzgadora, no existiría violación al debido proceso como lo alegó Llori, y que tampoco se vulneró la seguridad jurídica porque el Consejo de Administración Legislativa (CAL) estaba facultado conforme a la Ley de la Función Legislativa para hacer los cambios en el orden del día del Consejo. La autoridad judicial no se pronunció respecto al control de legalidad.Tras el fallo, la jueza concedió cinco días de término para cualquier apelación, por lo que el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, anticipó que apela la sentencia por no estar de acuerdo con su contenido y por no estar apegada a la Constitución ni a la ley.Salazar dijo que no sorprende la decisión de la jueza, porque se sabía que había anomalías, porque la acción de protección inicialmente se pretendió archivar sin haber notificado a la presidenta de la Asamblea respecto a completar la demanda; es decir, dijo que “teníamos una jueza constitucional totalmente parcializada y nada objetiva respecto a esta acción”.Afirmó que la sentencia de la jueza está apelada y que espera que un tribunal de alzada constitucional, que sería la Corte Provincial a través de una de las salas, rectifique y modifique esta sentencia.Salazar afirmó que con la decisión de la jueza lo actuado por el CAL se mantiene vigente; sin embargo, se buscarán otros mecanismos al respecto, advirtió.El coordinador jurídico dijo que al momento se analiza la parte jurídica y política para nuevas acciones frente al caso de la presidenta Guadalupe Llori. Lo que debemos estar claros es que la presidenta agotará todos los mecanismos tanto jurisdiccionales, políticos y administrativos internos, añadió.Santiago Salazar no descarta que la presidenta Guadalupe Llori presente una nueva acción de protección a la actuación de la comisión pluripartidista que lleva adelante la investigación en contra de su defendida, que puede ser uno de los mecanismos jurisdiccionales que lo analizará con la presidenta.La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, anunció su decisión de apelar la sentencia de la jueza para hacer respetar los derechos de la Asamblea Nacional y los derechos humanos de la presidenta.Insistió en que sus derechos fueron vulnerados y que inclusive la sesión del CAL fue transmitida y todos fueron testigos de la violación del debido proceso y también al pronunciamiento del procurador del Estado.Consideró que la comisión pluripartidista comenzó mal y que terminará mal, porque violó siempre el debido proceso y la seguridad jurídica.Respecto a la denuncia presentada por la bancada UNES en su contra por supuesto peculado, dijo que no huirá del país para defender los derechos de la Asamblea y de la presidenta.El legislador Darwin Pereira (PK-R) dijo que con el fallo de la jueza triunfó la razón, porque era inverosímil que la justicia pretenda entrometerse en las decisiones de la Asamblea más allá de que no se había cometido ninguna inconstitucionalidad. Que es una necedad de la presidenta Llori de exponer a los asambleístas a cuatro procesos judiciales.El legislador de El Oro manifestó que están contentos con la decisión de la jueza a pesar de que apeló la sentencia y que esa apelación preocupa porque se ve que seguirá insistiendo en su necedad.Esteban Torres, coordinador de la bancada PSC, precisó que se ganó una de las cuatro acciones judiciales que presentó la titular de la legislatura en contra de los asambleístas. Que tras el fallo de rechazo a la acción de protección es irreversible la investigación y juzgamiento de la presidenta de la legislatura. La comisión pluripartidista deberá presentar un informe al pleno para su definición.Manifestó que lo más pertinente sería el archivo inmediato de la investigación previa iniciada por la Fiscalía General del Estado en contra de 93 legisladores que conformaron la comisión. Dijo que no cabe duda de que la decisión de la jueza sobre la acción de protección influirá en la investigación iniciada por la Fiscalía del Estado.Con lo resuelto por la jueza Herrera confirma que todo lo actuado por el CAL y posteriormente el pleno estuvo apegado a derecho, que no tuvo ningún vicio ni de ilegalidad ni de inconstitucionalidad para entorpecer el trabajo de la comisión pluripartidista. “Este, sin duda, es el principio del fin de todo este castillo de naipes, de decisiones judiciales y de injerencia judicial en la Asamblea.Yeseña Guamaní (ID) manifestó que el cambio del orden del día de la sesión del CAL y la apelación de la presidencia de Guadalupe Llori era procedente; pero posterior a ello sí carece de ilegalidad, porque no había los documentos y no se podía continuar con la sesión aprobando una denuncia porque contenía errores, y por ese motivo se abstuvo.Aclaró que se mantienen en el rechazo de la conformación de la comisión pluripartidista, porque no representa a las diferentes fuerzas políticas y a los bloques que fueron legalmente constituidos en la Asamblea. Dijo que la ID analiza tomar acciones para evitar que se tomen el nombre del partido y legitimar la comisión. (I)

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