Juez pide información sobre cumplimiento de medida cautelar a favor de Guadalupe Llori y la Asamblea rechaza intromisión de la justicia

Mientras el pleno de la Asamblea Nacional, con 81 votos, rechazaba la intromisión de la justicia en decisiones políticas del Parlamento, se conoció de la notificación del juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe, de que se informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar interpuesta por Pachakutik para evitar la destitución de Guadalupe Llori.La legislatura, este 7 de junio, debatió y aprobó una resolución presentada por el legislador de Pachakutik Ángel Maita, quien lamentó que en los últimos días desde el pleno se propiciaron varias medidas cautelares para que jueces de primera instancia se inmiscuyan en decisiones políticas y legítimas. Que se ha amenazado a los legisladores con juicios penales por supuesto incumplimiento de órdenes de autoridad competente. Eso se llama intromisión en otras funciones del Estado, recalcó.Lamentó que desde el poder Ejecutivo se aplauda y se respalde las peticiones judiciales porque van en contra de sus opositores políticos y a favor de sus aliados legislativos. Que esa práctica quedó en evidencia cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, en las últimas horas pretendió meter la mano en el Consejo de la Judicatura exigiendo la renuncia a uno de sus vocales, aduciendo afinidades políticas, sin sustento ni ley que lo ampare.Maita dijo que el Consejo de la Judicatura deberá realizar una investigación transparente en contra de los funcionarios judiciales que a criterio de los legisladores se han excedido y están promulgando acoso laboral, amenazas e intimidación afectando incluso a los derechos humanos en contra de legisladores.El juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe, Pedro Troya Aldaz, pidió información tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Asamblea Nacional información sobre el cumplimiento de la medida cautelar que dispuso el 27 de mayo, a fin de que la entonces presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, y el pleno de la legislatura se abstenga de conocer el informe elaborado por la Comisión Pluripartidista.Los legisladores Salvador Quishpe y Sofía Sánchez, coordinadores del bloque Pachakutik, y el coordinador nacional del movimiento Pachakutik, Marlon Santi, pidieron al juez que certifique el cumplimiento de la medida cautelar otorgada el 27 de mayo pasado, para evitar que el pleno de la legislatura conozca el informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc, que recomendaba la destitución de Guadalupe Llori, por incumplimiento de funciones.En respuesta, el juez de la Unidad Judicial Penal ofició a la Defensoría del Pueblo y a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, a fin de que en un término de 72 horas remitan un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en sentencia emitida el 27 de mayo de 2022.Se dispone a los accionantes y a los miembros de la Comisión Pluripartidista que informen de manera motivada y documentada a la delegación provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, sobre los mecanismos adoptados para el correcto cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia emitida en la presente medida cautelar. La información deberá ser remitida en el término de cinco díasLa Asamblea Nacional, este 7 de junio, aprobó con el voto de los bloques del Partido Social Cristiano, Unión por la Esperanza, disidentes de Pachakutik, Izquierda Democrática e independientes, una resolución que dispone al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que en el plazo de 48 horas presente una queja ante el Consejo de la Judicatura, en contra del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, Pedro Troya Aldaz, por cuanto existen fundadas presunciones de que admitió un pedido de medidas cautelares constitucionales autónomas dentro del proceso :17297202200828, seguido en contra de cinco miembros de la Asamblea Nacional, irrespetando las reglas de aplicación obligatoria emitidas por la Corte Constitucional bajo prevenciones de sanción dentro de la sentencia n.° 034-13-SCN-CC de fecha 13 de mayo del 2013.Los legisladores exhortan al Consejo de la Judicatura, para que, a través de la escuela de la Función Judicial, desarrolle capacitaciones para los y las juezas del país, en materia de precedentes de obligatorio cumplimiento emitidos por la Corte Constitucional.Además, recuerda al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que para garantizar la seguridad jurídica en el país, la Función Judicial está dotada de total independencia, por ende, no puede ser reducida a un instrumento de defensa de un proyecto político.Igualmente la legislatura rechaza todos los intentos de obstaculización, de la aplicación de la voluntad del pueblo, primer fiscalizador del poder público, cuyo mandato se expresa a través del voto de los y las asambleístas.También condena la persecución y acoso laboral ejercido en contra de los asambleístas que han sido sujetos de interposición de denuncias penales desencadenadas del desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, dentro de la sesión del pleno 772 de la Asamblea Nacional desarrollada el martes 31 de mayo del 2022. (I)

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