Luego de cuatro intentos, la Fiscalía logró que este martes, 10 de febrero, fueran vinculados al proceso penal que investiga a los posibles autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio: Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo; su hijastro Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. La causa se conoce como Magnicidio FV.
El juez penal de Pichincha Geovanny Freire dispuso, además de la vinculación y la extensión de la etapa de instrucción fiscal por 30 días más, que Chavarría, Aguilar y Arboleda cumplan la medida cautelar de prisión preventiva. Además se dispuso que se notifique a la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se emita una difusión roja en contra de Lobo Menor, de quien no se conoce su ubicación.
Alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis se suman a la lista de procesados que está encabezada por José Serrano, exministro de Rafael Correa, el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y el condenado a más de 34 años de prisión por actos de corrupción en el área pública de la salud y la justicia Daniel Salcedo.
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Según la Fiscalía, los tres nuevos procesados habrían participado en la planificación previa del crimen perpetrado el 9 de agosto de 2023 en los exteriores de un coliseo ubicado en el norte de Quito, donde se desarrollaba un mitin político de la candidatura presidencial de la alianza Gente Buena-Construye. De acuerdo con la teoría de Fiscalía, los ahora imputados coordinaron previamente el ataque con apoyo de los grupos irregulares armados de Colombia, por pedido de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo, a cambio de altas sumas de dinero.
Se dispusieron medidas de protección para las hijas y la familia de Fernando Villavicencio, víctimas y acusadoras particulares en el caso Magnicidio. Chavarría y Arboleda fueron representados por defensores públicos, mientras que a Aguilar lo defendió un abogado particular.
Este proceso penal arrancó el 3 de septiembre pasado con una instrucción fiscal de 90 días.
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Wilmer Chavarría es considerado el máximo líder del GDO Los Lobos y fue identificado como tal por el testigo protegido Marcelo Lasso Saavedra. Según la investigación, tras la muerte de Leandro Norero, alias Patrón, los presuntos autores mediatos ya procesados habrían acudido directamente a alias Pipo para que su organización cometiera el crimen.
“Una vez consignado el pago por este crimen, alias Pipo habría activado la estructura criminal y dispuesto que los integrantes de su organización se encargaran de la comunicación, coordinación y supervisión del seguimiento bajo la responsabilidad de alias Invisible, Carlos Angulo, ya sentenciado como uno de los autores materiales del asesinato de Villavicencio. Además, habría recibido información reservada sobre contactos policiales que estaban involucrados en la seguridad del entonces candidato presidencial, la cual presuntamente fue utilizada y triangulada para la ejecución del crimen”, explicó la fiscal de la causa, Ana Hidalgo.
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La Fiscalía asegura que sin la autorización, dirección y mando de alias Pipo, el atentado no habría podido llevarse a cabo.
Por otra parte, de acuerdo con el testimonio anticipado de Lenín Javier Vimos, sentenciado en el caso Plaga por corrupción en el sistema de justicia, Ángel Aguilar, alias Lobo Menor, tenía el control directo del grupo armado y se encargaba de los seguimientos, la supervisión, las reuniones, los pagos y la operatividad.
En cambio, el testigo protegido Manuel Lasso informó que Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, se encargó de entregar una fuerte cantidad de dinero a las disidencias de las FARC con el fin de contratar a los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio.
También se recordó que antes de su asesinato en la Penitenciaria del Litoral, el colombiano Jules Osmín C., uno de los autores materiales del crimen, entregó detalles sobre los roles que cumplieron alias Lobo Menor y alias Gordo Luis. Ambos, según su testimonio, daban órdenes directas al resto de la organización.
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Con estas vinculaciones, la instrucción fiscal se extenderá desde este momento por 30 días más, es decir, concluirá a inicios de marzo próximo. (I)
