Juez de Pichincha declara vulnerados los derechos del magistrado de la Corte Nacional Walter Macías y deja sin efecto la suspensión que le dispuso la Judicatura

La decisión del juez Santiago Altamirano de declarar que se vulneraron los derechos del juez de la Corte Nacional Walter Macías permite que el magistrado nacional pueda retomar su despacho y las causas que estaban a su cargo antes de la suspensión temporal de 90 días decidida por dos votos del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ). Un total de 46 días se mantuvo sin actuar como juez Macías. La tarde del lunes último, Altamirano dio paso a la acción de protección planteada por Macías con la finalidad de que la suspensión de tres meses quede sin efecto y se declare la vulneración de sus derechos como juez.El 11 de mayo pasado, con los votos a favor del presidente de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y del vocal de este organismo, Xavier Muñoz, se decidió la suspensión temporal. Los también vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo se abstuvieron en la votación y solo el vocal Fausto Murillo votó en contra de la decisión.El accionante aplaudió la decisión del juez Altamirano, quien en su decisión se refirió a que se vulneraron los derechos de Macías, debido a que se aprobó su suspensión sin mayoría, sino solo con dos votos a favor. “Esta es la nueva modalidad con la que pretenden amedrentar a las juezas y jueces, violentando el principio de independencia. Lo bueno es que el juez en su resolución manifestó que efectivamente el principio de independencia ha sido vulnerado a través de esta vía de suspensión que fue dictada arbitraria e ilegalmente en mi contra”, afirmó Macías. La suspensión temporal del juez nacional se dio por sus actuaciones como juez de la Sala Penal de la CNJ y ante una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por el hermano del excontralor Pablo Celi, Esteban Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres e investigado por el delito de cohecho en el caso China CAMC.Macías sostuvo en todo momento que la decisión con dos votos a favor vulneró la independencia judicial, la seguridad jurídica y eso quedó plasmado en las actas y las grabaciones de las sesiones.”Es una decisión tomada solamente por dos vocales sin cobertura legal, es arbitraria, no tiene sentido siquiera”, refirió el juez suspendido, quien aclara que la medida temporal está basada en la denuncia de Esteban Celi, sino en argumentos que el CJ ha tomado por cuenta propia y ni siquiera con base legal, sino que lo adoptaron porque creyeron que era lo adecuado a su parecer. De la medida contra Walter Macías se conoció la mañana del 11 de mayo pasado, horas después de que el también juez de la Corte Nacional Felipe Córdova declaró sin lugar la demanda de recusación planteada por la vocal Barreno contra Macías, al no haberse justificado la causal de recusación de enemistad manifiesta planteada. Barreno recusó a Macías el mismo día en que se pretendía instalar una audiencia de formulación de cargos por el delito de tráfico de influencias contra los vocal Barreno y Morillo y el juez de Pichincha Vladimir Jhaya. Este es uno de los casos que retomará el juez Macías, quien es parte de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. En este proceso penal están transcurriendo los 90 días de instrucción fiscal que dispuso el juez nacional Javier De la Cadena contra los tres sospechosos.El caso Las Torres, en el que fueron sentenciados en primera instancia por delincuencia organizada los hermanos Celi, es otro de los procesos de connotación que deberá retomar Macías una vez hasta en un máximo de 48 horas vuelva a sus funciones. En esta causa desde febrero pasado se está a la espera el fallo escrito en el que se definió una pena de primera instancia contra once procesados.Más de dos meses les tomó al juez Walter Macías, presidente del Tribunal de Juicio, y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, deliberar y decidir de forma unánime, por ejemplo, que el excontralor subrogante Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores son autores directos del delito de delincuencia organizada y deben ser condenados a 13 años y 4 meses de cárcel. (I)

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