Para el próximo concurso de jueces de garantías constitucionales, el Consejo de la Judicatura (CJ) implementará pruebas de confianza para los postulantes a la carrera judicial. Así lo adelantó Damián Larco, quien estuvo como presidente encargado de este organismo hasta hace pocos días, en la rendición de cuentas que presentó el pasado 22 de abril de 2026.
El vocal de la Judicatura informó que, actualmente, existen dos concursos de jueces que se tramitan en el pleno del CJ: el de jueces de garantías constitucionales y el de magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
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Sobre el primer proceso, que tiene carácter prioritario, Larco precisó que está listo un reglamento que incluyen pruebas de confianza. Esto, dijo el vocal del CJ, se pondrá en conocimiento del pleno del organismo de administración de justicia.
En tanto, sobre el concurso de jueces de la Corte Nacional, la autoridad judicial adelantó que debe arrancar en mayo de este año.
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Larco comentó que para estos procesos, el Consejo de la Judicatura está realizando gestiones con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para que los supervise.
Las pruebas de confianza en los concursos realizados por diferentes integraciones del Consejo de la Judicatura han sido evaluaciones diseñadas para medir la integridad, honestidad y ética de los aspirantes.
Han incluido tests psicométricos, pruebas de honestidad y entrevistas para detectar posibles riesgos de corrupción o vínculos delictivos, asegurando la idoneidad del evaluado para el cargo.
El presidente encargado del CJ, quien será reemplazado por Mercedes Caicedo en la presidencia del organismo, puntualizó que en el concurso de jueces de garantías constitucionales se designará a 37 jueces de primera instancia y 75 de segunda instancia.
En la rendición de cuentas, Larco también precisó que existe un déficit de 657 jueces a escala nacional y que se requieren 2.442 magistrados y la Función Judicial cuenta, al momento, con 1.785.
A la vez, la Judicatura lleva adelante la evaluación a jueces y fiscales, que se realizará este mismo año.
Larco precisó que el proceso de evaluación a jueces de carrera judicial tiene un avance del 95 %, con la emisión de reglamento y metodología; para los jueces de la CNJ hay un avance del 40 %; mientras que los procesos de evaluación para los defensores públicos y notarios avanza en un 50 %, respectivamente.
¿Qué opinan los juristas sobre las pruebas de confianza?
El abogado penalista Julio César Cueva examina que los concursos de mérito y oposición deberían tener reglamentos iguales y no crearse cada vez que va a haber un concurso, porque el problema, dice, “es que cada vez que va a haber un concurso ponen cosas, quitan cosas de acuerdo con la situación que se vive y eso genera inseguridad”.
El jurista cuestiona la denominación de las pruebas de confianza y sostiene que estas deberían incluir otro tipo de elementos objetivos como la probidad, en el sentido de que se debería verificar si el postulante no ha tenido denuncias o no tiene la suficiente legitimidad para ingresar a la carrera judicial.
“¿A qué llaman pruebas de confianza? ¿Un polígrafo? Habrá que ver quién es el poligrafista, habrá que ver si la persona sabe o no sabe cómo evadir el polígrafo, porque el polígrafo tampoco es que es exacto; tanto así que no se admite como prueba en ningún sistema judicial del mundo", agrega.
El abogado también sugiere que debería existir un equipo técnico de la Contraloría General del Estado para verificar las declaraciones patrimoniales de los participantes.
“Verificar, por ejemplo, si, en efecto, el juez vive donde dice y tiene lo que dice o si tiene otras cosas más en su entorno. Porque una persona puede tener una casa que aparentemente es humilde por fuera, pero adentro tiene joyas, cuadros caros, pisos de lujo y tantas cosas más, que no aparecen en la declaración de bienes”, observa.
En este sentido, Cueva recalca que no basta con una prueba de confianza para ser juez, sino que, aclara, es una totalidad de cosas que se deben considerar “para que se garantice, en la mejor medida, que los aspirantes tengan la menor tacha posible para ejercer el cargo”.
Para el abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha Paúl Ocaña las pruebas de confianza pueden ser un punto importante para saber quiénes serán los jueces constitucionales; sin embargo, observa que estas evaluaciones también deben incluir aspectos como la probidad económica, patrimonial, política y profesional de los candidatos a jueces constitucionales o nacionales.
El jurista puntualiza que solo si tiene en cuenta estos factores habrá una garantía de que lleguen las mejores y más idóneas personas a la Función Judicial. (I)