El juez Javier Moscoso, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena, concedió el habeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, porque supuestamente existe un riesgo contra su integridad física y psicológica. Con lo cual queda en libertad luego de permanecer 1.645 días en un centro de privación de la libertad.

El exmandatario Jorge Glas recuperaría este 10 de abril su libertad tras obtener el habeas corpus. El juez dispuso que se debe emitir la providencia con la resolución al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi para su cumplimiento. Pese a eso, tiene prohibido salir del país y deberá presentarse el primer lunes de cada mes en la Unidad Judicial de Guayas.

La Fiscalía General del Estado, en un comunicado emitido este 9 de abril, informó que sobre Jorge Glas pesan tres sentencias, dos de ellas ejecutoriadas, por los delitos de asociación ilícita y cohecho; además de un proceso por peculado, cuya apelación está pendiente de resolver.

En los procesos judiciales referidos, según la Fiscalía, se ha demostrado, más allá de toda duda razonable, la comisión de los delitos señalados y distintos jueces y tribunales nacionales determinaron su responsabilidad penal, por lo cual cumple una pena privativa de libertad de ocho años.

Sin embargo, las acciones constitucionales interpuestas por Glas escapan de la competencia de la Fiscalía, aclara el comunicado.

El habeas corpus fue solicitado por la militante del movimiento correísta Nicol Malavé Illescas, habitante del cantón Santa Elena.

La resolución fue dada a conocer este 9 de abril, a las 19:10, a pesar de que la audiencia comenzó a las 11:00, pero después fue suspendida hasta la tarde. Ni Nicol ni personas que la acompañaron se pronunciaron al salir de la audiencia. Se subieron a una camioneta doble cabina y no hablaron con la prensa.

Édison Loaiza, abogado de Jorge Glas, recordó que como es de conocimiento público se solicitó este recurso, pues cuando se reportaron los amotinamientos en la cárcel de Latacunga, el exvicepresidente, para precautelar su vida, fue sacado del sitio pero se desconocía a dónde lo llevaron ni cuándo lo regresaron.

“De estos amotinamientos lo sacaron del centro, no se sabía a dónde lo trasladaron (...). Eso no solo dijo la defensa técnica, también lo dijo el abogado representante del centro de Rehabilitación Social de Latacunga, consecuentemente, encaja y es procedente esta acción de habeas corpus”, afirmó Édison Loaiza, abogado de Glas, quien agregó que “los amotinamientos de la cárcel han sido el causal de su libertad”.

También afirmó que el juez Moscoso dio paso a esta acción por el quebranto de salud de Glas lo que ha sido demostrado por los médicos del Ministerio de Salud Pública y de organismos internacionales, agregó Loaiza.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República emitió un comunicado de un párrafo sobre la decisión judicial para señalar su rechazo y desacuerdo jurídico, así como expresar su preocupación por el abuso de las acciones constitucionales.

Los procesos judiciales

Jorge Glas se mantiene recluido en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi desde 2018, pero inicialmente guardó prisión en la Cárcel 4, en el norte de Quito, adonde fue llevado luego que se entregó voluntariamente a la justicia en el caso por asociación ilícita, el 2 de octubre de 2017.

Glas en la causa por asociación ilícita relacionada con Odebrecht fue sentenciado a seis años de cárcel el 13 de diciembre de 2017. El fallo en esta causa está en firme desde diciembre de 2019 cuando se negó la casación planteada por el exvicepresidente al definirla como improcedente.

En cambio, desde septiembre de 2020 el exvicepresidente mantiene en firme y en fase de ejecución la sentencia de ocho años por cohecho que comparte con su excompañero de fórmula presidencial Rafael Correa.

Glas también mantiene una sentencia de primera instancia por el delito de peculado en el denominado caso Singue. En ese proceso el exvicepresidente fue sentenciado a ocho años de cárcel como coautor del delito. Para el 11 de mayo próximo se ha definido en la Corte Nacional la audiencia de apelación en este caso.

Con un voto de mayoría en el caso Singue a Glas; los exministros y exviceministro de Hidrocarburos Wilson Pástor, Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente, y César Guerra, gerente del consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue, se los sentenció como coautores a ocho años de cárcel. Para la Fiscalía, todos ellos, como máximas autoridades en el sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado.

En tanto que los exfuncionarios públicos de rango medio Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos recibieron una condena de cuatro años de prisión como cómplices. Según la acusación, las acciones de Cazar, Donoso y Burgos coadyuvaron a la comisión del delito de peculado que fue juzgado.

La Fiscalía demostró en este caso que el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC). En este caso también se dijo desde Fiscalía que se cometieron irregularidades, incumpliendo requisitos legales.

El perjuicio al Estado se habría producido al fijar un precio de $ 33,5 por barril, cifra que, afirma la Fiscalía, no tomó en cuenta el 100 % de las reservas probadas de hidrocarburo para este campo petrolero. (I)