Pese a que por tercera ocasión no se instaló la audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado en el denominado caso Reconstrucción de Manabí, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, decidió analizar el dar paso o no al pedido hecho por el exvicepresidente Jorge Glas, para que antes de darse la diligencia se solicite autorización a la Asamblea Nacional para continuar con el procesamiento penal del exbinomio de Rafael Correa.

El 11 de septiembre pasado, Glas solicitó al juez Rivera que antes de convocar a audiencia de formulación de cargos se requiera a la nueva Asamblea Nacional, una vez posesionada, su pronunciamiento respecto a si autoriza o no el procesamiento penal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120, numeral diez, de la Constitución de la República vigente. Para la defensa del líder correísta, el pedido es procedente porque al tiempo que ocurrieron los hechos Glas ocupaba el cargo de vicepresidente.

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Este debate se inició luego que no pudiera instalarse la diligencia solicitada el 1 de junio pasado por la fiscal general, Diana Salazar, contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

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Salazar ha explicado que el proyecto vial Manta-Colisa, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.

Según la Fiscalía, en 2019 la Contraloría General del Estado determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, obra a la que se destinaron fondos provenientes de la Ley de Solidaridad.

En esta tercera ocasión la formulación de cargos no pudo instalarse por la inasistencia de la defensa de Carlos Bernal. Según el juez Rivera, una falla en la notificación a los correos electrónicos y las casillas judiciales de la defensa de Bernal impidió que esta sea notificada en legal y debida firma para la audiencia de este miércoles 29 de noviembre. Al colocarse la falla supuestamente en el sistema el magistrado dijo que debía darse una investigación interna para definir el origen de la falla.

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Al no instalarse la audiencia, Rivera aprovechó para escuchar los argumentos de la defensa de Glas para su solicitud y el pronunciamiento del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien asistió a la diligencia, y de los representantes de la Procuraduría y la Contraloría General del Estado.

Para Andrés Villegas, abogado de Glas, es viable y necesario solicitar el pronunciamiento de la Asamblea, pues ya han existido casos previos en los que se los ha realizado, por ejemplo, el denominado caso Balda, en el que se pedía al Legislativo la autorización para enjuiciar penalmente por el delito de plagio al a ese entonces expresidente Rafael Correa. Aclaró que la Asamblea no puede interpretar la Constitución, por lo que sus pronunciamientos no son vinculantes.

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De su parte, el fiscal Toainga, al igual que los representantes de la Procuraduría y la Contraloría, recordó que la norma solo habla de una solicitud para personas que están en el ejercicio de sus funciones públicas, mas, no para expresidentes o exvicepresidentes. Toainga incluso trajo a colación la respuesta de improcedencia que la Asamblea dio en su momento a pedidos similares hechos contra el expresidente Correa y el exvicepresidente Glas y la autorización que dio para enjuiciar en la causa por asociación ilícita contra el aún vicepresidente Glas.

Villegas dijo que los casos tocados por el fiscal subrogante solo hacen que su teoría de que es necesario solicitar a la Asamblea Nacional la autorización o no para el procesamiento penal de Glas, como exvicepresidente, es viable. A ese criterio se sumó el abogado de Pablo Ortiz, Segundo García, quien cree que se debe hacer la consulta a este pleno de la Asamblea y otra cosa será la respuesta que den al pedido.

Escuchadas las posiciones, el juez Rivera dijo que le tomaría entre 1 hora y 1 hora 15 minutos el analizar lo dicho en la sala y tomar una decisión. Las partes procesales debían esperar en la sala de la Corte Nacional dispuesta para la diligencia. (I)