John Walsh es director para Políticas de Drogas y los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una oenegé de derechos humanos estadounidense que investiga las causas y los impactos de la violencia, el crimen organizado y la corrupción en la región.
El activista habla sobre el caso de Ecuador, que vive en estos días una “guerra” debido a la multiplicación de hechos de criminalidad generados por grupos relacionados con el narcotráfico, que obligó al presidente de la República, Daniel Noboa, a decretar un estado de excepción, declararlos terroristas y sacar a los militares a las calles para neutralizarlos.
Usted ha investigado la situación de violencia en Ecuador, ¿cómo es que hemos llegado a este nivel de criminalidad luego de ser una ‘isla de paz’? ¿Cuándo tomó fuerza el narcotráfico?
Yo diría que Ecuador es el caso más alarmante de la región en términos de crecimiento y empoderamiento de las bandas criminales. Pero tristemente diría que no es una excepción total. Hay que entender la situación ecuatoriana en el espectro más general de crecimiento de la presencia e influencia del narcotráfico en todos los países, que va de la mano con el crecimiento de los mercados de muchos tipos de drogas ilegales. Estos mercados son muy rentables y la demanda les da un motor de corrupción y ganancias enorme. Creo que Ecuador y los países de la región tendrían que preguntarse si sirve para sus intereses seguir con la prohibición mundial de drogas. Esa es una cuestión muy importante que todos deberían plantearse: ¿sirve este modelo? Porque ha traído consecuencias nefastas, como el crecimiento de la violencia y la corrupción.
¿Entonces hay que legalizar la venta de drogas para bajar los índices de delincuencia?
No es tan simple, desafortunadamente. Lo que se ve es que en la medida en que los países buscan las formas de reducir los impactos del crimen organizado y la violencia, la ganancia que trae esta actividad a los grupos delictivos lo hace más difícil. No hay una varita mágica para acabar con este problema porque, tristemente, están muy bien instalados, tanto en las comunidades como en las instituciones. Pero si se sigue con ese modelo de prohibición fallida -porque en realidad no frena nada, pero trae ganancias gigantescas al crimen organizado- se profundiza el problema.
¿Qué opina de que el presidente haya declarado una “guerra interna” y que haya calificado a las bandas criminales como grupos no estatales beligerantes?
Hay varias preocupaciones. Esta declaratoria de conflicto interno no internacional tiene defectos en dos sentidos: concederles a los delincuentes ese estatus de grupos no estatales beligerantes es darles una estatura que no merecen; y lo otro es que, lo que vive Ecuador, no solo es un tema interno, sino que tiene orígenes internacionales, porque esas bandas tienen sus relaciones con grupos o carteles que no son de Ecuador, sino de México o Europa. Otra cosa que preocupa es que el hecho de que esto se rija por las reglas de un conflicto armado les da a las Fuerzas Armadas mucho margen para que haya heridos y daños colaterales civiles, gente que no tiene nada que ver, pues implica el uso de fuerza letal; y si no está definido quién es quién no hay un límite muy claro. Además, si estos grupos son bandas criminales dedicadas al narcotráfico, pero también grupos beligerantes no estatales, ¿cuáles son los mecanismos para juzgarlos y neutralizarlos en un conflicto armado interno? Otro aspecto importante tiene que ver con que estos grupos buscan influenciar en el poder y las instituciones para que sus negocios avancen. Entonces, hay mucho riesgo en poner en papeles muy proactivos a las instituciones que usan la fuerza letal porque están intervenidas por algunos elementos de estas bandas, que pueden estar usando bienes del Estado contra sus rivales y eso puede aumentar la sangre.
Está en trámite la aprobación de un acuerdo con Estados Unidos. En lo general es muy parecido al de la base de Manta, pero sin base: privilegios para soldados y contratistas, inmunidad diplomática, juzgamiento con leyes de ese país... ¿Qué beneficios puede traer?
Creo que Estados Unidos y otros países europeos tienen la obligación de apoyar a Ecuador y a otros países porque han potenciado ese modelo prohibicionista y deberían impulsar la discusión para ponerle fin a eso. Pero eso no lo espero ver pronto...
Y porque además en esos países están los mercados más grandes del narcotráfico...
Sí, y aparte del tamaño y la importancia que tienen en el narcotráfico, hay un gran flujo de armas letales. Hay muchas responsabilidades de esos países. Dicho esto, Ecuador tiene que identificar cuáles son sus intereses, separarlos de los intereses y fines de EE. UU. Si EE. UU. tiene interés en ayudar a Ecuador a minimizar y controlar al crimen organizado y los impactos de la violencia fortaleciendo las instituciones policiales, de investigación, de justicia, anticorrupción está bien. Pero si lo que quieren es impedir el flujo de drogas a ese mercado no funcionará, lo que hace es fortalecer y perfeccionar nuevas formas de tráfico. Puede que haya interrupciones pero, en general, lo que la historia ha demostrado es que el tráfico sigue, el producto llega, con formas más potentes y sofisticadas. En el caso de Ecuador, si bien en los últimos años no ha existido un FOL (Puesto de Operaciones de Avanzada, en español) como el de Manta, hay muchas actividades de los guardacostas de EE. UU. en el Pacífico y muchos ecuatorianos y sus barcos han sido aprehendidos. Regresan a sus comunidades y viene la duda respecto a de qué lado están. Ahí hay otro elemento de esa experiencia de intento de detener los flujos del narcotráfico. (I)