Debido a la amistad existente entre uno de los abogados de los 18 procesados por el delito de peculado en el denominado caso Dhruv y el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el conjuez Adrián Rojas, remplazante del juez Luis Rivera, difirió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que estaba definida para la mañana de este lunes, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La audiencia preparatoria de juicio es parte del proceso penal que se sigue contra Javier Ponce y Wellington Sandoval, exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, y 16 personas más por un peculado cometido en la compra de siete helicópteros Dhruv. Esta investigación fue reabierta en diciembre de 2020, luego que fue archivada en 2016, por solicitud del exfiscal general Galo Chiriboga.

El abogado Lenín Pérez, defensa del procesado Merwin Villagrán, antes de instalar la diligencia pidió la palabra para decir que él asistió a la audiencia sabiendo que era la fiscal general, Diana Salazar, quien iba a encabezar la acusación, pero al ser el fiscal Toainga el que se encargaría, debía señalar que él mantenía una cercanía con el fiscal, por lo que debía darse la excusa del funcionario.

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Al determinarse que era cierto ese lazo, el cual fue reconocido por el mismo Toainga, y al tener una prohibición expresa en el artículo 572, numerales 4 y 5 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de las causas de excusa y recusación, el conjuez Rojas decidió no instalar la audiencia. Con este incidente, únicamente la fiscal Diana Salazar podrá participar en la diligencia.

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Según la Fiscalía, en esta causa se habrían determinado presuntas irregularidades y disposiciones arbitrarias en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato suscrito el 5 de agosto de 2008 para la compra de helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

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Justamente a inicios de enero pasado, el juez titular de la causa, Luis Rivera, vinculó a Juan Cortez, representante legal de la compañía HAL para Ecuador, además al teniente general (sp) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Alonso Espinoza y al brigadier general de la FAE Antonio Puga. Con esas tres vinculaciones la etapa de instrucción fiscal pasó de 90 a 120 días, lo que hizo que la fase de investigación culminara a mediados de febrero pasado.

Los tres se sumaban a la lista encabezada por los exministros Ponce y Sandoval y que se completaba con el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Rodrigo Bohórquez, el ex director ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional Carlos Morales, el ex jefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro; brigadieres generales (sp) de la FAE Eduardo Esparza y Jorge Mejía, coroneles (sp) de la FAE Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, tenientes coroneles (sp) de la FAE Marco Flores y Jaime Encalada, el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres. (I)