Siete de los 20 candidatos a conformar la comisión ciudadana que realizará el concurso público para seleccionar a la autoridad de la Defensoría Pública fueron impugnados por la ciudadanía por presuntos incumplimientos en sus requisitos legales y falta de probidad e idoneidad para ocupar esa función.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) preveía conocer este 27 de mayo en su pleno trece impugnaciones planteadas por la ciudadanía en contra de los siete postulantes.

La comisión técnica, integrada por ocho funcionarios del Consejo, que se encarga de dar apoyo técnico a los consejeros, recomendó al pleno calificar doce objeciones porque cumplen con los requisitos y rechazar una, presentada en contra de William Falconí Calderón.

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El presidente Hernán Ulloa propuso tratar este punto en la plenaria de este viernes, pero retiró la moción para dar más tiempo a los consejeros para que lean los informes remitidos, por lo que no se trató.

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Los candidatos impugnados son:

  1. Fausto Ramón Galán, sobre quien se presentaron dos impugnaciones
  2. Alexis Torres Pullotasig, dos impugnaciones
  3. Jorge Ruilova Santander, seis impugnaciones
  4. María José Valverde Borja, una impugnación
  5. William Falconí Calderón, una impugnación que se recomienda no calificar
  6. Gabriela Cadena García, una impugnación
  7. Tania Chamorro Paltín, una impugnación

Estos siete ciudadanos forman parte de un listado de diez candidatos mejor puntuados que fueron sorteados por el CPCCS para integrar esta comisión ciudadana.

A Ramón se lo impugnó porque registraría una deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y consta como impedido de ejercer cargo público de acuerdo con el Ministerio del Trabajo.

Torres fue impugnado porque tendría una deuda con el Consejo de Comunicación y de igual forma el Ministerio del Trabajo le reporta inhabilidad.

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A Ruilova se lo objetó porque la documentación presentada al CPCCS no se encontraría notarizada; por falta de certificaciones de sus documentos que acrediten experiencia laboral, capacitaciones, reconocimientos e iniciativas ciudadanas.

Otra de las impugnaciones fue a su probidad porque en el 2010 reporta una sentencia ejecutoriada por el delito de robo que había dictado el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. El postulante había declarado en su hoja de que, en ese mismo periodo, fue docente en el colegio Visión Siglo XXI, lo que daría “cuenta de su falta de probidad”, expone la documentación.

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A Valverde (delegada de la Función Legislativa) se la objetó por un presunto ‘conflicto de intereses’, pues fue funcionaria de la Defensoría Pública durante la administración de Ernesto Pazmiño. Se la observa porque había ocupado varias funciones de ‘confianza’; además que se la acusa de que se habría “beneficiado de un nombramiento provisional sin haber cumplido los requisitos”. El impugnante pide su descalificación por supuesta falta de probidad e imparcialidad.

A Falconí se lo impugnó porque mantendría deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al igual que Natalia Chamorro. Y a Gabriela Cadena se la objetó porque fue candidata a asambleísta en las elecciones generales del 2021 por el movimiento político Avanza, lo que según la denunciante es una prohibición establecida en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sobre postular a ser comisionado a quienes hayan sido parte de una organización política en los últimos cinco años. (I)