Al acercarse a la mitad del período presidencial, el gobierno de Guillermo Lasso analiza realizar una consulta popular que incluya temas de diversa índole, junto con las elecciones seccionales del 2023 que se realizarían entre febrero y marzo del próximo año, según lo analiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta no es la primera vez que el régimen piensa en una consulta popular. A finales de agosto del 2021, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que esa sería la vía si la Asamblea no da paso a los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo.

Alexandra Vela: Si la Asamblea bloquea los temas importantes, el Gobierno considerará, seriamente, recurrir a los mecanismos de democracia directa

En ese momento, el Legislativo se negaba a tratar el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades con carácter de económico urgente por contener tres cuerpos legales de diferente materia.

Ahora, el presidente Lasso, con un 51,81 % de aprobación a su gestión, según el último muestreo de Click Report, plantea consultar a la población sobre una reestructuración institucional en el sistema judicial para eliminar conflictos entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, sin descartar la eliminación del primero.

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También incluiría reformas a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y las reformas laborales que tenía previsto presentar como el tercer proyecto de ley con urgencia económica que surgiría del fallido proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, descartado por la Asamblea Nacional.

Francis Romero, director de la encuestadora Click Report, reconoce que el nivel de aceptación de un mandatario está directamente ligado al éxito o fracaso en los resultados de una consulta popular, manifiesta que el mandatario se mantiene sobre el 50 % de aceptación y agrega que, al proponer la consulta para después de un año, tiene todo ese tiempo para realizar campaña a favor de sus propuestas.

Romero recuerda que Lasso asumió el poder con un poco más del 50 % de la votación; llegó a su pico más alto, sobre los 75 puntos, con el cumplimiento de su promesa de inocular 9 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, en los primeros cien días de gobierno; y, ahora para enero del 2022 vuelve a bajar al 51 %.

Sobre la idea de hacerlo coincidir con las elecciones seccionales del 2023, que se realizarían entre fines de febrero e inicios de marzo, Romero señala que si la campaña para la consulta se maneja de forma adecuada, inclusive, podría ser beneficioso para los candidatos del movimiento de gobierno, Creando Oportunidades (CREO).

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Guillermo Lasso analiza consulta popular para reformas en justicia, participación ciudadana y trabajo

El Gobierno justifica la realización de la consulta junto con las elecciones seccionales para que no existan gastos excesivos y, con especialistas internacionales, analiza los temas que entrarían en esta consulta popular, considerando también que, de acuerdo con la Constitución, temas como la eliminación del Consejo de la Judicatura implicarían reformas a la Carta Magna y también requerirían pasar por la Asamblea Nacional.

El analista político Giuseppe Cabrera expresa que si el Gobierno tiene un capital político en este momento, ese capital hay que gastarlo y una consulta popular es como una nueva elección, es como una validación del liderazgo de la persona que propone esta consulta.

“Si tiene capital (político) debería gastarlo ahora, en un año todo puede pasar. Además, un factor importante es que a CREO siempre le ha ido mal en las elecciones seccionales, nunca ha sido capaz ni siquiera de poner un candidato que tenga oportunidad real en las alcaldías grandes. A lo mejor, el Gobierno intenta, a través de la consulta, subir a sus candidatos locales, pero podría ser el efecto contrario (...) Es muy arriesgado unificar esa consulta con las seccionales en un solo proceso, porque se juegan las lógicas locales”, indica Cabrera.

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), califica como un “globo de ensayo” a la consulta popular planteada por el presidente Lasso y sostiene que, al decir que podría eliminarse el Consejo de la Judicatura, simplemente está lanzando el tema para ponerlo en discusión, cuando el problema de la justicia es complejo y no se limita a una “simple declaración”.

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Oleas considera que el país ya no puede tener “remiendos” y sugiere que lo único factible es que el presidente ponga en vigencia la Constitución de 1998 y que, a la vez, dicte un estatuto para que se conforme una Asamblea Constituyente que, en seis meses, actualice las normas desactualizadas. “De una vez cambiamos todo porque este país no puede tener remiendos”, pues la justicia no funciona, está colapsada, es corrupta y una simple declaración no es adecuada.

El expresidente del TSE agrega que empatar la consulta con las elecciones no es recomendable, pues la consulta será el centro de atención y no la elección de autoridades seccionales. Además, se pregunta que si el mandatario dice que es “urgente” una reforma laboral para generar empleo, por qué se va a esperar un año para hacerla. (I)