La Cámara de la Industria Audiovisual del Ecuador (CIAE) pide al presidente, Guillermo Lasso, una reunión para plantearle sus preocupaciones sobre su propuesta de eliminar la vigente Ley de Comunicación, y al contrario, elaborar un nuevo proyecto de ley de Fomento Productivo Audiovisual, que conserve los artículos relacionados con la producción nacional.

Lasso remitió este martes 25 de mayo a la Asamblea nacional un proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, que en sus disposiciones reformatorias incluyó un cambio a la ley actual, para que en adelante se denomine Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico, que integra a los artículos desde el 91.5, hasta el 118.

Adicionalmente, como parte de sus primeras decisiones al posesionarse en el cargo, el mandatario eliminó el reglamento de aplicación de la ley.

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En esa línea, la Cámara teme que, con la propuesta presidencial de derogar la actual Ley de Comunicación, se eliminen los artículos 36 que defiende la interculturalidad; el 92, que evita las formas de control monopólico; el 98, sobre la publicidad para que se difunda en territorio ecuatoriano sea producida en el país y la prohibición de importar piezas publicitarias producidas extranjeras. Los artículos 97 y 103, que defienden el porcentaje de producción nacional, porque dejarían al “mercado audiovisual totalmente desprotegido”.

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En un comunicado difundido por este gremio, suscrito por su presidente, Nicolás Smolij, se argumentó que la industria audiovisual genera alrededor de $ 572 millones anuales, en la realización de comerciales para la televisión y producción cinematografía nacional.

Además, que son más de 17.000 familias las que participan en la producción audiovisual que se verían afectadas.

Se consideró que la eliminación de la propuesta de Ley de Comunicación para defender la libertad de expresión “es plausible”, pero implica un daño colateral que “desprotege a la industria audiovisual y se la condene a desaparecer”.

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Su postura para esta nueva Ley de Fomento Productivo Audiovisual plantea que se conserven los artículos mencionados anteriormente, que se estipulen los pagos de producción a 30 días, porque actualmente oscilan entre los 90 y 150 días; que se reconozca el derecho de imagen y derechos conexos de actores, intérpretes, ejecutantes, guionistas.

Y que se establezcan incentivos tributarios para las empresas que realicen las piezas audiovisuales.

Seis entidades apoyan esta iniciativa, como son los Guionistas y Autores Literarios Asociados (GALA), la Asociación de Actores Audiovisuales del Ecuador, la Asociación de Teatreros Casa del Teatro, la Asociación de Cineastas de Guayaquil, Asocinema y la Fanataac. (I)