En un comunicado de prensa, la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), que edita los diarios Expreso y Extra denunció este jueves, 1 de enero del 2026, una serie de acciones que atribuye al Gobierno de Daniel Noboa cuyo fin, según afirma, sería “doblegar a ambos medios críticos mediante el uso de instituciones públicas”.
En el texto, Granasa detalló las acciones desarrolladas por el régimen que apuntan a “someter su línea editorial, afectando el derecho a la libertad de expresión y de prensa en Ecuador”.
En septiembre de 2025, la compañía conoció, a través de publicaciones de terceros, del inicio de una investigación del Servicio de Rentas Internas (SRI) por supuestas diferencias en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023 relacionadas con sus ‘canillitas’.
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Granasa solicitó al SRI la entrega de varios documentos sobre dicha investigación, algo que todavía no se ha concretado.
No obstante, agregó el comunicado, tres informes habrían permitido detectar “inconsistencias en la metodología utilizada”, especialmente en una fórmula matemática que, en lugar de restar el valor que el mayorista debía cancelar a la empresa por la compra de productos, sumaba ese monto a la utilidad, generando un resultado artificialmente inflado.
Por esas mismas fechas, el secretario de Integridad Pública y director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, realizó declaraciones en las que, a criterio de la empresa, se la “juzgó” y se la “sentenció públicamente”.
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Por dichas declaraciones, a finales de octubre de 2025, Granasa presentó una demanda por daños morales en contra de Neira, se recordó en el boletín.
La empresa afirmó haber respondido a todos los pedidos de información y reuniones solicitadas por el SRI.
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A la par, la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por un supuesto delito de lavado de activos. Sus directivos han acudido a rendir versión.
En el comunicado se afirmó que el último intento de callarlos por parte del régimen es “utilizar” a la Superintendencia de Compañías para “intentar revertir” la transferencia del 40 % de las acciones de Granasa, realizada años atrás desde la empresa Veranera, en proceso de liquidación, a favor de Ingrid Martínez Leisker. Esto fue denunciado en un comunicado que se divulgó el 31 de diciembre pasado.
La Superintendencia ha argumentado una supuesta falta de “trazabilidad” de la transferencia para pretender el retorno de este paquete accionario a la empresa en liquidación.
Granasa alertó que ya se habría nombrado un liquidador para administrar ese paquete accionario.
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El mismo 31 de diciembre, según relató Granasa, la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención de la Superintendencia de Compañías designó a una delegada para realizar una inspección en sus instalaciones en Guayaquil.
“El pedido incluyó la revisión de libros de acciones y accionistas, así como del talonario de acciones. La diligencia no se concretó debido a que el único custodio de esa información es el representante legal, quien no se encontraba en ese momento en la empresa", se menciona en una nota publicada en diario Expreso.
La empresa hizo un llamado a la comunidad internacional y a los gremios de medios de comunicación para que se mantengan atentos a estas acciones que afectan a la libertad de expresión. (I)
