La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), juntamente con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), lamentaron el veto total del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados.

Las tres organizaciones señalaron en un comunicado que la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, afecta la planificación de obras, la continuidad de los servicios públicos y el pago de remuneraciones a funcionarios y funcionarias y proveedores.

“La transferencia puntual de las asignaciones constitucionales y legales garantiza la eficiencia, el mejoramiento de la gestión de las competencias y la calidad de los servicios; los atrasos vulneran la autonomía financiera de los gobiernos locales, limitando nuestra capacidad de responder de manera adecuada a las necesidades de la ciudadanía y obstaculizando nuestra responsabilidad de generar obras, servicios y cuidar de las familias ecuatorianas”, sostienen.

Publicidad

La AME, el Congope y el Conagopare dijeron que seguirán en la búsqueda de alternativas para garantizar la transferencias de sus recursos, pero asimismo instan al Gobierno al diálogo.

La norma fue aprobada hace tres semanas por el pleno de la Asamblea Nacional; en ella se disponía que de la Cuenta Única del Tesoro el Banco Central del Ecuador (BCE) transfiera de forma directa y automática los ingresos permanentes y no permanentes a los presupuestos anuales de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Para ello, el BCE deberá crear subcuentas únicas para efectuar la transferencia y evitar que la decisión pase por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En el texto se establecía que, por incumplimiento probado de retraso en las transferencias de los recursos financieros que corresponden a los GAD, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas sería sancionado con la destitución del cargo.

Publicidad

El Gobierno indicó en un comunicado, la noche del pasado 5 de junio, que aquella norma es un “perjuicio” para los otros sectores de gasto, como seguridad, salud o educación, y afecta a las finanzas públicas y con grave riesgo para la estabilidad económica.

Además, señaló que “la Asamblea Nacional no consideró con responsabilidad elementos que estén acordes a la realidad fiscal del país, lo que pudo ocasionar un desfinanciamiento en el Presupuesto General del Estado”.

Publicidad

Esta decisión se da en medio de un conflicto entre el Gobierno y la Asamblea. El régimen acusa a los legisladores de haber armado una mayoría “anti-Noboa”. (I)