Gobierno sostiene que la destitución de Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea es ilegal

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, rechazó que la mayoría de la Asamblea Nacional haya removido a Guadalupe Llori (PK) de la presidencia del Parlamento, la noche del 31 de mayo. En su lugar asumió el cargo Virgilio Saquicela.A través de un corto comunicado, publicado a las 00:09 del 1 de junio, Jiménez apuntó que “se ha consumado una ilegalidad más” en el Legislativo. Cuestionó que asambleístas de diferentes bancadas, al destituir a Llori, “han decidido incumplir las medidas cautelares” que fueron otorgadas por el juez de Quitumbe, Pedro Troya.El magistrado de la Unidad Penal del cantón Quito aceptó las medidas cautelares interpuestas por Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, y los legisladores de la misma tienda política Sofía Sánchez y Salvador Quishpe, jefe de bancada.Troya determinó que se vulneraron los derechos constitucionales y legales del movimiento Pachakutik con la aprobación de la creación de la c omisión pluripartidista ad hoc, que recomendó la salida de Llori por incumplimiento de funciones, luego de la denuncia planteada por Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC).El juez dispuso, entre otras cosas, que la presidencia y el pleno de la Asamblea deben abstenerse de conocer, tratar y resolver el informe aprobado el 25 de mayo por la comisión pluripartidista.Con este antecedente, el ministro de Gobierno increpó que la destitución de Llori constituye “un acto arbitrario ” que no solo afecta al Parlamento, sino que también perjudica a la estabilidad política del país. “El Gobierno nacional respeta la independencia de funciones, pero no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ecuatorianos”, concluye el comunicado suscrito por Francisco Jiménez.La salida de Llori se concretó con 81 votos a favor del informe de la comisión pluripartidista. Durante la sesión del pleno no estuvo presente la ahora expresidenta del Parlamento, pese a que tenía hasta 60 minutos para exponer su defensa.Esteban Torres, por su parte, reprochó que el juez haya concedido el recurso legal. Que se trata de una injerencia en la autonomía de la Función Legislativa, un intento de “judicialización de la política” . “Las decisiones políticas que toma la Asamblea no son susceptibles de ser, de alguna manera, impedidas en su tratamiento”, dijo el legislador del PSC en su intervención. (I)

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