“La asamblea constituyente está encaminada”, indicó la mañana de este lunes, 22 de septiembre del 2025, la vocera gubernamental Carolina Jaramillo, en su habitual rueda de prensa.
Jaramillo dijo que el Gobierno espera que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie “con celeridad” a favor del pedido de consulta popular hecho por el presidente Daniel Noboa para preguntarle al pueblo si desea que se instale una constituyente que redacte una nueva constitución.
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La CC ya emitió la noche del pasado domingo un dictamen por el cual aceptó que la asamblea constituyente era la vía adecuada para hacer los cambios que plantea Noboa, pero todavía debe pronunciarse sobre el contenido de la propuesta: considerandos, pregunta y estatuto.
Jaramillo indicó que la CC tiene que hacer el trabajo que le corresponde apegada a las normas legales y no basada en intereses de un grupo de abogados.
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“La constituyente está encaminada. La CC debe tomar una decisión de acuerdo a las necesidades del pueblo. No hay nada más democrático que llevar a la gente a las urnas, no solo una sino tres veces”, expresó ella.
La funcionaria dijo que el Gobierno no tiene un “plan B” si la CC le niega su pedido de consulta.
Agregó que a través de la constituyente se puede reformar al Estado en su conjunto y que este es el mejor foro para dialogar en democracia, por lo que aquellos que quieren ir a paros, o los que se creen la oposición, deberían aspirar a participar en ella.
El presidente Noboa llamó a consulta popular a través del Decreto 148, enviado directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando debía dirigir el pedido a la CC, según el análisis de varios juristas.
La CC admitió a trámite varias demandas de inconstitucionalidad contra el 148; entonces, Noboa lo derogó y emitió otro igual, el 153, que nuevamente remitió al CNE. Este organismo, finalmente, lo derivó a los jueces constitucionales, quienes están haciendo el análisis.
El CNE se declaró el periodo electoral el pasado 20 de septiembre para organizar el referéndum sobre dos preguntas: la instalación de bases militares extranjeras y el financiamiento a los partidos políticos. (I)